CURSO DE GESTIÓN EDUCATIVA. “Pensamiento Estratégico en el sector Público y Privado”

I.                    OBJETIVOS:

 Promover el conocimiento del enfoque estratégico de la Educación; distinguir  las acciones que deben realizarse en cada una de las funciones de la gestión educativa; comprometerse con la problemática educativa nacional y, estar en condiciones de articular los instrumentos de gestión estratégica para una educación pública y privada de calidad.

 

 II.                   TEMARIO:

MÓDULO N°1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDUCACIÓN

 a)      Función, Finalidad y Beneficios de la institución educativa de gestión estratégica

b)      Función Social de la Institución Educativa.

c)       Finalidad Económica de la Institución Educativa.

d)      Beneficios Tangibles de la Institución Educativa

e)      Gerencia Estratégica en Educación:

f)       Terminología de gerencia estratégica

g)      Modelo de gerencia estratégica

h)      Recursos Necesarios.

 

MÓDULO N°2:   FUNCIONES DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.1.        Planificación:

a)      Diagnóstico de la Educación Nacional.

b)      Planificación como proceso. Elementos.

c)       Niveles de Planificación.

2.2.             Organización:

a)      Organización de Funciones.

b)      Organización de subsistemas.

2.3.        Integración de personal:

a)      Proceso de Dotación de Personal

b)      Etapas de proceso de dotación de personal

2.4.             Dirección:

a)      Perfil y habilidades del director.

b)      Autoridad del director.

c)       Funciones indelegables del director.

2.5.             Control:

a)      Tipos de Control.

b)      Modelos de planeación y control.

c)       Supervisión, inspección, monitoreo y evaluación.

d)      Información y control computarizado.

  

MÓDULO N° 3:   INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN ESTRATÉGICA.

 a)      Acuerdo Nacional.

b)      Proyecto Educativo Nacional.

c)       Proyecto Educativo Regional.

d)      Proyecto Educativo Local.

e)      Proyecto Educativo Institucional.

f)       Reglamento Interno.

g)      Proyecto Curricular Institucional.

h)      Plan Anual de Trabajo.

i)        Proyecto de innovación.

j)        Proyecto de Mejoramiento Educativo.

k)      Proyecto de Tutoría.

 III.                 METODOLOGÍA:

La capacitación se realizará presencialmente de manera expositiva; la parte práctica será expuesta y sustentada por cada grupo. Así mismo, se motivará la participación analítica y crítica, tanto individual como grupal durante el desarrollo del taller.

 

Curso de Gestión Cultural:“CÓMO PLANIFICAR, FORMULAR Y GESTIONAR PROYECTOS CULTURALES”

 

ROSANNA ZÁRATE BAQUERIZO:

Máster en Historia Urbana Historia, Arte, Arquitectura, Ciudad. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universitat Politécnica de Cataluña. Barcelona -España, con Post grado en Recuperación del Patrimonio monumental Formas de análisis e intervención en el patrimonio arquitectónico construido. Universitat Politécnica de Cataluña. Barcelona – España.

Rosanna Zárate es Responsable del Programa Perú del Proyecto Fomento de empresas culturales y creativas Fomecc Perú (abril 2010 hasta la fecha) que se ejecuta en la provincia de Huamanga con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID. Ha sido docente en la Escuela de Gestores Culturales de la Municipalidad de Comas; en la Maestría de Arte Peruano y Latinoamericano, con mención en Gestión Cultural y Desarrollo; en el Seminario de Gestión de Proyectos Culturales y Conservación de Bienes Muebles, así como en la Escuela de Post-grado de la Universidad Mayor de San Marcos (2008 y 2009). Fue ponente en  el Encuentro Nacional de Cultura 2011 con “La experiencia del Proyecto Fomento de empresas culturales y creativas FOMECC”

PROGRAMA DEL CURSO

Primera sesión

  1. Cultura, territorio y economía. Una relación para el desarrollo.
  2. Políticas culturales: el marco de acción de la política cultural.
  3. El sector cultural y los gestores culturales. Nombres e identidades. Definiendo un perfil diferenciado.

Segunda sesión

  1. Diagnóstico estratégico para el sector cultural.
  2. Aspectos prácticos para la justificación administrativa y económica de proyectos culturales.

Tercera sesión

  1. Diseño, organización y gestión de proyectos culturales.
  2. Identificación de proyectos culturales.
  3. Análisis de problemas, análisis de objetivos.

Cuarta sesión

  1. Análisis de alternativas.
  2. Matriz de marco lógico. Indicadores culturales.
  3. Ejercicio práctico.

Quinta sesión

  1. Ejecución y seguimiento. Presupuesto y cronogramas.
  2. Revisión final de ejercicios prácticos.

 

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible

Av. Javier Prado 179, Magdalena
Telf: 461-1994.
www.par.org.pe

Horario de atención: de 9:30am a 1:00pm y de 3:00pm a 5:00pm.

“SI ESPERO, MUERO”

Medidas cautelares en el Sistema Interamericano.

Por Carlos Alza,
Director Ejecutivo de PAR
Escuela de Gobierno PUCP
 
Publicado en El Comercio 08/06/2012.
 

Quince personas viven con VIH y no son atendidas debidamente por el servicio de salud; hostigamiento y amenazas de muerte limitan la labor de periodistas; detenciones y desapariciones forzadas afectan a estudiantes y manifestantes; un ciudadano chino está a punto de ser extraditado con el riesgo de ser condenado a la pena de muerte en su país; pueblos indígenas no consultados debidamente están en riesgo de ser desplazados y afectados en su identidad cultural. Mientras los jueces deciden. ¿Esperamos? La justicia, lamentablemente, tarda y estando en juego los derechos de las personas, puede significar una tragedia: la vulneración irreparable de un derecho. Eso es hoy inaceptable.

[…] los intentos por controlar el uso abusivo del poder resultan incómodos para quien lo detenta. Los esfuerzos por eliminar dichos controles –hay que decirlo alto y fuerte- son expresión de la vocación arbitraria, autoritaria y antidemocrática de sus gobernantes.

Las medidas cautelares son mecanismos preventivos, expeditivos, pero también tutelares, buscan evitar daños irreparables. Los Estados asumieron el compromiso de respetar y garantizar los derechos y libertades de las personas. Por tanto, la actual discusión sobre las reformas del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) no nos debe conducir a su debilitamiento, sino, más bien, a su reorganización para lograr más eficiencia y eficacia en sus procedimientos y resultados.

Sabemos que los intentos por controlar el uso abusivo del poder resultan incómodos para quien lo detenta. Los esfuerzos por eliminar dichos controles –hay que decirlo alto y fuerte- son expresión de la vocación arbitraria, autoritaria y antidemocrática de sus gobernantes. La CIDH dictó una medida cautelar en el 2011, paralizando la construcción de la represa de Belo Monte, realizada sin la debida consulta previa a los indígenas; a Brasil no le gustó. A Ecuador, Bolivia y Venezuela tampoco les gusta que cuestionen sus atropellos a la libertad de expresión. En el Perú, el caso Chavín de Huantar levanta la polémica. Todo indica que la estrategia de los países para resistir es invocar la destrucción de una institucionalidad construida por años como última instancia de los que no obtienen justicia en el ámbito nacional o sufren autoritarismo y prepotencia gubernamental.

Fuente: AFP

Se acusa al SIDH de afectar con sus decisiones la soberanía de los estados. En los noventa, el fujimorismo intentó soberana e infructuosamente retirar al Perú de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH porque sus decisiones le resultaban incómodas. Las nefastas consecuencias de tal visión nos persiguen hasta nuestros días. Se acusa al SIDH de estar infestado de comunistas y “perros del hortelano”, como si la defensa de las libertades y la vida no fueran, aunque bajo otros supuestos de ponderación, también elementos claves para el liberalismo y el desarrollo del capital. Sin libertad, no hay decisión; sin decisión, no hay libre mercado. Los dogmas nos impiden entender que también sin derechos, los mercados fallan.

Aceptemos la falibilidad del ejercicio del poder interno –hay en nuestros días demasiadas evidencias-, aceptemos que esto exige un sistema ordenado, eficiente y organizado de protección supranacional de nuestros derechos y libertades, y reformemos, por tanto, los sistemas de justicia nacional e internacional para fortalecerlos no para debilitarlos.

Operación Libertad: otro incumplimiento del marco legal

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Por: Carlos Ramos Montes.

cramos@par.org.pe

Hace unos días señalé en un artículo publicado en el primer número del Boletín Institucional PAR[1]que el Estado había incumplido el marco normativo legal al autorizar el desarrollo del Proyecto Minero Conga.

Otro caso similar concita mi atención y gira entorno a la “Operación Libertad”, realizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de rescatar a los 36 trabajadores del Consorcio Camisea de manos de las huestes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Las acciones militares en la zona están afectando a diversas comunidades nativas y, en algunos casos, están obligando a que éstos se desplacen de sus territorios. Según Silvio Campaña, representante de la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha han sido desplazados 90 nativos de las comunidades de Incaree y Lagunas del distrito de Echárate. Además, refiere que este número puede ser mayor debido a que existe la posibilidad del desplazamiento de 10 comunidades producto del accionar de las Fuerzas Armadas[2]. Ante ello, es necesario preguntarnos: ¿Es posible el desplazamiento forzoso de las comunidades nativas para la realización de acciones militares? La respuesta a esta interrogante tendrá como soporte el marco legal referido a los desplazamientos internos.

El desplazamiento de las comunidades nativas (poblaciones indígenas) ha sido desarrollado en el marco internacional (Convenio 169° de la OIT)[3] y en el marco nacional (Ley sobre los desplazamientos internos, aprobada por Ley 28223[4], y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2005 MINDES[5]). La Ley sobre los desplazamientos internos señala[6] que antes del desplazamiento las autoridades se asegurarán que se hayan estudiado todas las alternativas viables para evitarlo. Si eso no fuera posible- y es necesario el desplazamiento-, se deben tomar las medidas para que no haya efectos adversos.

El Estado, por medio de sus instituciones, tiene la potestad de autorizar el desplazamiento de las comunidades que se encuentran dentro del área de conflicto, pero dichas instituciones deben cumplir con las garantías[7] establecidas en la Ley de desplazamientos internos y su reglamento, ya que de esa manera se asegura la protección de las comunidades nativas.

Una de las garantías desarrolladas en la ley de desplazamientos internos y su reglamento- quizá la más importante- está en relación al consentimiento libre e informado que de manera previa[8] debe obtener el Estado de las comunidades nativas que serán desplazadas. Sin embargo, según las declaraciones de los dirigentes machiguengas[9] , estos habrían sido desplazados a la fuerza, ya que los bombardeos realizados por las fuerzas armadas ponían en peligro la vida de los integrantes de la comunidad. La actuación militar fue la razón principal para que se desplacen de sus territorios y no hubo un diálogo con las autoridades políticas ni militares para su desplazamiento.

Nuevamente, tal como lo señalamos en los párrafos previos, la actuación del Estado peruano en la solución del secuestro de los trabajadores del Consorcio Camisea ha sido de incumplimiento  de los tratados internacionales, como el Convenio 169, y las normas nacionales referidas al desplazamiento interno.


[3] Elinciso 2 del artículo 16 del Convenio 169 faculta al Estado el traslado y reubicación de los pueblos indígenas; es decir, se permite Desplazamiento siempre que se dé en cumplimiento de lo estipulado en el marco normativo de los Estados.

[4] Artículo 9 de la Ley 28223.

[5] Artículo 8 del D.S. N° 004-2005 MINDES.

[6] Artículo 8.1 de la Ley 28223.

[7] Artículo 8.3 de la Ley 28223 y artículo 10 del D.S N° 004-2005 MINDES.

[8] Artículo 10 del D.S N° 004-2005 MINDES.

Conga: incumplimiento del marco legal vigente.

Por: Carlos Ramos Montes.
cramos@par.org.pe

El conflicto socio-ambiental en Cajamarca puede ser abordado desde diferentes aristas, a saber: técnicas, legales, sociales, políticas y económicas. En este artículo realizamos un análisis desde la perspectiva legal.

El desarrollo de las actividades mineras exige múltiples permisos y licencias emitidas por las instituciones públicas del sector minero. Entre los más importantes tenemos los títulos de concesión minera, certificación ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, permiso para el uso de aguas y el permiso de uso de tierra del propietario de la misma. En esta oportunidad, nos centraremos en los aspectos legales referidos a dos de estos asuntos: el título de concesión minera y la certificación ambiental.

Respecto al primero, el Proyecto Minero Conga es una concesión acumulada (Dictamen Pericial, p. 16), es decir, una en la que existen varios títulos de concesión. Estos debieron cumplir con los requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería  (Decreto Supremo Nº 014-92-EM); y con los requisitos establecidos en el marco normativo referido a temas indígenas,  (Constitución Política y Convenio 169 de la OIT), en el que se reconoce como un aspecto fundamental el derecho a la consulta previa. Cabe precisar que no fueron tomadas en cuenta la actual Ley de Consulta Previa ni su reglamento debido a que al momento del otorgamiento de las concesiones estos dispositivos no se encontraban vigentes.

“…las concesiones afectan directamente a las comunidades campesinas de Cajamarca, por ello debieron ser consultadas; sin embargo el Estado nunca cumplió esta exigencia”.

 El otorgamiento de un título de concesión, por parte del Ministerio de Energía y Minas, es un acto administrativo que otorga un derecho real pero no autoriza el inicio de las actividades en la zona (explotación, por ejemplo). Sin embargo, una vez que las actividades se inician, se desarrollarán acciones que implicarán la movilización de grupos humanos, modificando la geografía y la administración local, entre otras cosas.

 Es decir, las concesiones son medidas administrativassusceptibles de afectar a las  comunidades campesinas de Cajamarca, por lo que debieron ser consultadas; sin embargo, fueron emitidas en base al procedimiento ordinario para las concesiones mineras2, en el que no se reconoce el derecho a la consulta previa.

Fuente: RPP Noticias

Respecto al segundo aspecto, la certificación ambiental está vinculada a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual tiene un marco normativo legal “extenso3”. En el caso Conga, el EIA se aprobó por Resolución Directoral Nº 351-2010-MEM/AAM y fue el detonante de las protestas y enfrentamientos de la ciudadanía con las instituciones públicas del Estado.

El Estado buscó aclarar uno de los principales cuestionamientos referidos al problema del agua. Contrató, por ello, un peritaje internacional4 para analizar el componente hídrico del EIA del Proyecto Minero Conga.

En este punto, sólo nos enfocaremos en la participación ciudadana, elemento necesario para su aprobación.

Según el reglamento de participación ciudadana en el subsector minero, la participación debe ser llevada de manera responsable y de buena fe. Por lo tanto, se espera que las observaciones por parte de la población sean realizadas sobre la base de  información del proyecto. Para cumplir con dicho objetivo se necesita que el resumen ejecutivo sea de fácil comprensión5, además que se consigne la integridad de su contenido y en un lenguaje sencillo6.

Sin embargo dichas exigencias normativas no fueron cumplidas, tal como se desprende del informe pericial. Este último señala que el documento ha sido de difícil entendimiento incluso para personas tan especializadas como los peritos. De manera puntual mencionan que en la elaboración del documento, realizado por la consultora Knight Piesold Consulting, “no se [ha] realizado un esfuerzo por homogeneizar datos, y dar al conjunto una estructura de fácil lectura y comprensión” (Dictamen Pericial, p. 42).

En relación al Resumen Ejecutivo señalan que su lectura no basta para hacer un análisis adecuado, ya que es necesario acudir a otras fuentes (Dictamen pericial, p. 43).

Finalmente, podemos concluir que para la emisión de los títulos de concesión minera se tomó en cuenta  sólo el Texto Único de la Ley General de Minería y no lo establecido en el Convenio 169 y la Constitución Política del Perú. Asimismo, el proceso de participación no fue llevado a cabo respetando el reglamento del proceso de participación ciudadana en el subsector minero.●

Referencias del texto:

1 De la lectura e interpretación del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la cuarta disposición transitoria de la Constitución Política del Perú se deduce que las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas deben ser consultadas.

2 El procedimiento ordinario para las concesiones mineras se encuentra desarrollado entre los artículos 117 y 128 del capítulo II del Título Décimo Segundo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.

3  Las normas que son necesarias mencionar son: Decretos Nº 059-EM,029-99-EM, 058-99-EM y 022-2002-EM, Ley Nº 27446, Decreto Legislativo Nº 1078, Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, y el Decreto Supremo Nº 028-2008-EM.

4  El Dictamen Pericial responde al Contrato del Servicio de Peritaje Internacional que evaluó el Componente Hídrico del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga, celebrado por el Estado peruano y tres consultores (Rafael Fernández Rubio, Luis López García y José Martins Carvalho).

5 Dicha exigencia es recogida en el literal g) del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1078 que modifico la Ley Nº 27446.

6 Lo señalado se encuentra desarrollado en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 028-2008-EM que regula la participación ciudadana en el subsector minero.

“Ese dilema que tienes conmigo nadie lo sabrá”: a propósito del conflicto en Conga.

Por: Kervin Manco Ponciano
kmanco@par.org.pe

Las decisiones en torno al proyecto minero Conga pueden ser vistas a través del calidoscopio desesperado del cancionero criollo. Un exégeta de dicho género notará que he cambiado el término “secreto” por “dilema”. Ello responde a que dicha palabra señala el momento decisivo que deben afrontar los tomadores de decisión en el sector público sobre el contexto político planteado.

Un dilema señala la existencia de un problema donde se presentan dos alternativas por seguir, y donde ambas son igual de terribles y angustiantes. Así,  si por un lado el Ejecutivo decide retroceder sobre dicho proyecto minero, perderá, seguramente, no sólo uno de los contratos más millonarios que se hubiera traducido en generosos recursos para hacer viables las principales promesas electorales (a través de programas sociales, por ejemplo), sino que además perdería el respaldo de las fuerzas opositoras y la empresa privada, por decir lo menos. Por otro lado, si se reafirma en su decisión sobre el inicio de la actividad minera en Cajamarca, posiblemente se enfrente a continuos reclamos ciudadanos que pongan en vilo el accionar estatal y el ejercicio legal de la fuerza. Sin embargo, aquellos que siguen el problema desde cerca saben que el gobierno ha decidido lo segundo.

Se presenta aquí una oportunidad extraordinaria donde no se debe evitar el conflicto sino, muy por el contrario, encarar el problema. Para tal efecto, se debe articular el resultado del EIA con las voluntades políticas, a fin de establecer acuerdos que no afecten los derechos de los pueblos originarios, garantizando sus actividades económico-productivas, y que, a su vez, aseguren los compromisos que el Estado ha adquirido en pos de un prometido desarrollo y progreso.

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Fuente: El Comercio

Por lo tanto, si bien hablamos de un proceso de crisis, debemos reconocer que este escenario complejo involucra la necesidad de extender puentes dialógicos interdisciplinarios, que entiendan la realidad política y cultural presente en la formulación de  “cultura de paz”; es decir, un proceso  donde los actores sociales se reconozcan en su diferencia y formulen acuerdos desde su  compromiso con la sociedad. ●

EDITORIAL: Políticas Públicas para transformar los conflictos.

Boletín Institucional PAR N°1: “Gestión de conflictos sociales”

Por: Carlos Alza Barco
 Director Ejecutivo de PAR.
calza@par.org.pe

Los conflictos no cesan ni cesarán. La razón es tan sencilla como obvia: son inherentes a la convivencia social. Sin embargo, no todos tienen que ser violentos o tener consecuencias fatídicas.

Tres cuestiones son claves para evitarlo: a) revisar el modelo de desarrollo económico y político, que prioriza el mero crecimiento y la decisión inconsulta, sin considerar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas; no hacerlo pone en riesgo precisamente aquello que se quiere promover y que es tan necesario para el Perú: inversiones; b) generar capacidades en el Estado para que formule buenas políticas públicas, con enfoque de derechos y con participación ciudadana, respetando la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios, y que sean elaboradas con criterio técnico; y c) una gestión pública eficiente tanto para el cumplimiento de las políticas orientadas a resolver los problemas de los ciudadanos, como capaz de prevenir y gestionar los conflictos, transformándolos en una oportunidad para el desarrollo democrático del país.

El Boletín PAR, que aparece hoy en su primer número, tiene a la conflictividad como tema. Buscamos promover un debate, elaborar propuestas y ofrecer, desde nuestro expertise,  alternativas de solución y acompañamiento a un Estado que, de lejos, podría ser y operar mucho mejor en beneficio de las personas. Bienvenidos todos y todas a este diálogo que recién empieza.●

INFORME PAR SOBRE PLANES DE GOBIERNO 2011-2016

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible ha analizado los Planes de Gobierno de las principales agrupaciones políticas que buscan presidir el Perú en el periodo 2011–2016, en cuatro ejes temáticos: cultura, trabajo infantil, gestión fronteriza y agua y saneamiento. La selección de estos temas obedece a dos criterios claves: la importancia de los mismos en la atención a poblaciones vulnerables y su impacto en el desarrollo nacional, así como también porque corresponden a asuntos sobre los que PAR viene trabajando en el acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos nacional y subnacionales.

El análisis realizado ha considerado los planes de gobierno de los principales grupos electorales: Perú Posible, Alianza para el Gran Cambio, Solidaridad Nacional, Partido Nacionalista Peruano Gana Perú y Fuerza 2011. En el tema cultural se ha incluido al partido descentralista Fuerza Social por ser uno que considera un ítem específico sobre el tema. Este documento no pretende ser exhaustivo, sino simplemente ofrecer a sus lectores algún resumen y análisis breve sobre las propuestas de cada una de las propuestas de gobierno analizadas, con el fin de brindar alguna información adicional para decidir el voto.

Los invitamos a descargar el Informe PAR N° 2 sobre Planes de Gobierno 2011-2016

Reflexiones sobre ciencia e innovación desde la coyuntura electoral

Por Kervin Manco Ponciano (*)

Una nueva campaña electoral se inició y poco o nada ha cambiando en el discurso de nuestros variopintos candidatos. Las distintas promesas electorales – por no hablar de los ataques propinados – se centran en cuestiones primarias como aumento de sueldos, reducción de impuestos, construcción de infraestructura y hasta en la promesa por el cambio de la mentalidad de los peruanos. Muchos de estos temas son vitales, pero no son los únicos que deben ser tratados en una coyuntura electoral de interés nacional.

Se esconden tópicos que parecen poco prioritarios para el común de la ciudadanía pero que aportarían mucho para la formación de capacidades de la misma. Así pues, estos temas “no muy relevantes” son –en realidad-  de vital importancia.  Deseo dedicar estas líneas a un tema inquietante: becas y promoción de investigaciones en ciencia y tecnología por parte del Estado.

En medio de una sociedad globalizada y competitiva, la promoción de profesionales de nivel internacional se muestra como una responsabilidad política que el estado puede y tiene que asumir. Por ejemplo, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología publica en su informe que muchos países de América Latina y el Caribe han incrementado sus indicadores de desarrollo de forma positiva porque la economía actual premia las múltiples inversiones en temas de investigación y apoyo en becas para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Así pues, “entre 1998 y 2007 el número de investigadores y tecnólogos se duplicó, llegando a 250.000 profesionales dedicados a la investigación en jornada completa.”[1]

Sin embargo, el Perú maneja recursos mínimos que se destinan al tema de becas en postgrado e investigación, un 0.1 % frente al 0.5 % de Argentina, al 0.7 % de Chile o al 1.1 % de Brasil.[2] Lo que finalmente produce que otros miles de profesionales migren no solo al sector privado sino a países que muestran mayores oportunidades de formación. Frente a dicha realidad, más de 40 profesionales entre científicos, investigadores y consultores de varios sectores han conformado el FORO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN.[3] Dicho foro, por medio de un manifiesto publicado en varios diarios de circulación nacional, busca poner en la agenda política de nuestros candidatos a la presidencia, la vital importancia de promover y subvencionar fondos dirigidos a la investigación y la promoción de formación continua de calidad en beneficio de todo un país.

Nada más sostenible que la educación. Nada más efectivo que invertir recursos en formación y fortalecimiento de nuevos conocimientos. Así pues, la apertura de espacios inclusivos y meritocráticos dinamizarían a toda una nueva generación que observa en el esfuerzo del aprendizaje un gran paradigma para lograr el desarrollo de sus familias y sus comunidades.

Finalmente, reconocemos que una alternativa del progreso de nuestras comunidades descansa en la voluntad política del gobierno entrante para destinar recursos no solo a becas de pregrado como lo va manejando –bien o mal- la OBEC, sino comprometerse a promover investigación y ofertas de formación continua de postgrado que apunte a equiparar las capacidades de los peruanos investigadores con los del resto de la región, promoviendo investigación y desarrollo para el bien del país.

Enlaces de interés:

http://blogs.elcomercio.pe/vidayfuturo/2011/02/foro-busca-compromiso-de-candi.html

http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=48

http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall

 

 

(*) Kervin Manco Ponciano es diplomado en Humanidades (UARM), bachiller en filosofía (PUCP) y cursa estudios en la maestría de Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión y Políticas Públicas de la PUCP. Actualmente es docente universitario y consultor en temas de ciudadanía, Derechos Humanos y planificación estratégica.


[2] El manifiesto puede ser leído desde el siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_content&task=view&id=4403.

[3] El Foro es un espacio virtual abierto al intercambio de estudios y publicaciones que se encuentra promovido por la OEI y cuyo enlace de interés es el siguiente: http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall.

 


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Por Kervin Manco Ponciano (*)

Una nueva campaña electoral se inició y poco o nada ha cambiando en el discurso de nuestros variopintos candidatos. Las distintas promesas electorales – por no hablar de los ataques propinados – se centran en cuestiones primarias como aumento de sueldos, reducción de impuestos, construcción de infraestructura y hasta en la promesa por el cambio de la mentalidad de los peruanos. Muchos de estos temas son vitales, pero no son los únicos que deben ser tratados en una coyuntura electoral de interés nacional.

Se esconden tópicos que parecen poco prioritarios para el común de la ciudadanía pero que aportarían mucho para la formación de capacidades de la misma. Así pues, estos temas “no muy relevantes” son –en realidad-  de vital importancia.  Deseo dedicar estas líneas a un tema inquietante: becas y promoción de investigaciones en ciencia y tecnología por parte del Estado.

En medio de una sociedad globalizada y competitiva, la promoción de profesionales de nivel internacional se muestra como una responsabilidad política que el estado puede y tiene que asumir. Por ejemplo, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología publica en su informe que muchos países de América Latina y el Caribe han incrementado sus indicadores de desarrollo de forma positiva porque la economía actual premia las múltiples inversiones en temas de investigación y apoyo en becas para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Así pues, “entre 1998 y 2007 el número de investigadores y tecnólogos se duplicó, llegando a 250.000 profesionales dedicados a la investigación en jornada completa.”[1]

Sin embargo, el Perú maneja recursos mínimos que se destinan al tema de becas en postgrado e investigación, un 0.1 % frente al 0.5 % de Argentina, al 0.7 % de Chile o al 1.1 % de Brasil.[2] Lo que finalmente produce que otros miles de profesionales migren no solo al sector privado sino a países que muestran mayores oportunidades de formación. Frente a dicha realidad, más de 40 profesionales entre científicos, investigadores y consultores de varios sectores han conformado el FORO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN.[3] Dicho foro, por medio de un manifiesto publicado en varios diarios de circulación nacional, busca poner en la agenda política de nuestros candidatos a la presidencia, la vital importancia de promover y subvencionar fondos dirigidos a la investigación y la promoción de formación continua de calidad en beneficio de todo un país.

Nada más sostenible que la educación. Nada más efectivo que invertir recursos en formación y fortalecimiento de nuevos conocimientos. Así pues, la apertura de espacios inclusivos y meritocráticos dinamizarían a toda una nueva generación que observa en el esfuerzo del aprendizaje un gran paradigma para lograr el desarrollo de sus familias y sus comunidades.

Finalmente, reconocemos que una alternativa del progreso de nuestras comunidades descansa en la voluntad política del gobierno entrante para destinar recursos no solo a becas de pregrado como lo va manejando –bien o mal- la OBEC, sino comprometerse a promover investigación y ofertas de formación continua de postgrado que apunte a equiparar las capacidades de los peruanos investigadores con los del resto de la región, promoviendo investigación y desarrollo para el bien del país.

Enlaces de interés:

http://blogs.elcomercio.pe/vidayfuturo/2011/02/foro-busca-compromiso-de-candi.html

http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=48

http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall

 

 

(*) Kervin Manco Ponciano es diplomado en Humanidades (UARM), bachiller en filosofía (PUCP) y cursa estudios en la maestría de Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión y Políticas Públicas de la PUCP. Actualmente es docente universitario y consultor en temas de ciudadanía, Derechos Humanos y planificación estratégica.


[2] El manifiesto puede ser leído desde el siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_content&task=view&id=4403.

[3] El Foro es un espacio virtual abierto al intercambio de estudios y publicaciones que se encuentra promovido por la OEI y cuyo enlace de interés es el siguiente: http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall.

Reflexiones sobre ciencia e innovación desde la coyuntura electoral

 

Por Kervin Manco Ponciano (*)

Una nueva campaña electoral se inició y poco o nada ha cambiando en el discurso de nuestros variopintos candidatos. Las distintas promesas electorales – por no hablar de los ataques propinados – se centran en cuestiones primarias como aumento de sueldos, reducción de impuestos, construcción de infraestructura y hasta en la promesa por el cambio de la mentalidad de los peruanos. Muchos de estos temas son vitales, pero no son los únicos que deben ser tratados en una coyuntura electoral de interés nacional.

Se esconden tópicos que parecen poco prioritarios para el común de la ciudadanía pero que aportarían mucho para la formación de capacidades de la misma. Así pues, estos temas “no muy relevantes” son –en realidad-  de vital importancia.  Deseo dedicar estas líneas a un tema inquietante: becas y promoción de investigaciones en ciencia y tecnología por parte del Estado.

En medio de una sociedad globalizada y competitiva, la promoción de profesionales de nivel internacional se muestra como una responsabilidad política que el estado puede y tiene que asumir. Por ejemplo, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología publica en su informe que muchos países de América Latina y el Caribe han incrementado sus indicadores de desarrollo de forma positiva porque la economía actual premia las múltiples inversiones en temas de investigación y apoyo en becas para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Así pues, “entre 1998 y 2007 el número de investigadores y tecnólogos se duplicó, llegando a 250.000 profesionales dedicados a la investigación en jornada completa”.[1]

Sin embargo, el Perú maneja recursos mínimos que se destinan al tema de becas en postgrado e investigación, un 0.1 % frente al 0.5 % de Argentina, al 0.7 % de Chile o al 1.1 % de Brasil.[2] Lo que finalmente produce que otros miles de profesionales migren no solo al sector privado sino a países que muestran mayores oportunidades de formación. Frente a dicha realidad, más de 40 profesionales entre científicos, investigadores y consultores de varios sectores han conformado el FORO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN.[3] Dicho foro, por medio de un manifiesto publicado en varios diarios de circulación nacional, busca poner en la agenda política de nuestros candidatos a la presidencia, la vital importancia de promover y subvencionar fondos dirigidos a la investigación y la promoción de formación continua de calidad en beneficio de todo un país.

Nada más sostenible que la educación. Nada más efectivo que invertir recursos en formación y fortalecimiento de nuevos conocimientos. Así pues, la apertura de espacios inclusivos y meritocráticos dinamizarían a toda una nueva generación que observa en el esfuerzo del aprendizaje un gran paradigma para lograr el desarrollo de sus familias y sus comunidades.

Finalmente, reconocemos que una alternativa del progreso de nuestras comunidades descansa en la voluntad política del gobierno entrante para destinar recursos no solo a becas de pregrado como lo va manejando –bien o mal- la OBEC, sino comprometerse a promover investigación y ofertas de formación continua de postgrado que apunte a equiparar las capacidades de los peruanos investigadores con los del resto de la región, promoviendo investigación y desarrollo para el bien del país.

Enlaces de interés:

http://blogs.elcomercio.pe/vidayfuturo/2011/02/foro-busca-compromiso-de-candi.html

http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=48

http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall

 

 

 

(*) Kervin Manco Ponciano es diplomado en Humanidades (UARM), bachiller en filosofía (PUCP) y cursa estudios en la maestría de Ciencia política y Gobierno con mención en Gestión y Políticas Públicas de la PUCP. Actualmente es docente universitario y consultor en temas de ciudadanía, derechos humanos y planificación estratégica.


[2] El manifiesto puede ser leído desde el siguiente enlace: http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_content&task=view&id=4403

[3] El Foro es una espacio virtual abierto al intercambio de estudios y publicaciones que se encuentra promovido por la OEI y cuyo enlace de interés es el siguiente: http://www.facebook.com/pages/Foro-por-la-CTI/162278213824985?v=wall

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA


PAR es una organización constituida por expertos profesionales y académicos para contribuir al desarrollo del país a través de la formulación, planeamiento, implementación, seguimiento y análisis de políticas públicas; diseños normativos e institucionales; desarrollo de instrumentos y procesos de gestión pública; la regulación de servicios públicos, y el relacionamiento del planeamiento estratégico entre el sector público y privado.

Nuestra contribución se realiza tanto a través de asistencia técnica y profesional, generación de capacidades, monitoreo, investigación y publicaciones.

En ese sentido, presentamos el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, orientado a fortalecer una cultura de planificación en el trabajo técnico y ejecutivo de nuestras instituciones.

¿A quién está dirigido este programa?

– Instituciones gubernamentales: orientado a la búsqueda de gestiones exitosas en el sector estatal.

– Organizaciones no gubernamentales: orientado al mejor usos de recursos y logro de objetivos institucionales.

– Empresas privadas: orientado al desarrollo del sector privado en concordancia con las políticas de crecimiento del Estado.

¿Cuáles son los beneficios del Programa?

La importancia de la Planificación Estratégica ha sido puesta en relieve en los últimos años pues permite determinar cuál es la dirección que adopta una organización y cómo debe afrontarla. Sin embargo, un errado desarrollo de su metodología puede contraponerse con la realidad, haciendola inaplicable.

Por ello una buena planificación empieza por la elección inteligente del equipo que tendrá en sus manos la capacitación, la asesoría de los profesionales y altos directivos responsables de liderar procesos de cambios y desarrollo en un país, región o localidad.

El dilema en la definición de cuáles son las prioridades que debe enfrentar toda gestión exitosa usualmente nos orienta a pensar que existen aquellas consideradas como prácticas (una campaña de salud, una losa deportiva, entre otras) y las no prácticas (como puede parecer el proceso de planificación).

En PAR –gracias a la experiencia de nuestros consultores– hemos logrado definir diversos niveles de prioridad que privilegian la implementación de una cultura de la estrategia, conjugando y garantizando la ejecución de obras en su debido tiempo, la distribución inteligente y transparente de los recursos, la visión de las soluciones, el desarrollo sostenible con enfoque de derechos, el respeto a la institucionalidad y el respaldo de la ciudadanía.

Nuestro programa incorpora todos los elementos necesarios para un proceso de planificación; desde los antecedentes, la aplicabilidad y el aterrizaje de las ideas y proyectos a situaciones reales que permitan pasar de la teoría a la práctica, asegurando así la sostenibilidad del desarrollo.

Ofrecemos:

– Un enfoque interdisciplinario y participativo.

– Una visión con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.

– Un formato claro, directo y de lenguaje sencillo, permitiendo que los contenidos sean comprendidos y reproducidos por los participantes de todo nivel o grado de instrucción.

El programa de formación contiene:

– Manual de planificación estratégica (Marco conceptual, cuaderno de trabajo, block de notas, anexos y glosario)

– Taller para asistentes o Capacitación para futuros promotores en planificación (coaching en planificación, taller de desarrollo de capacidades, liderazgo) Objetivos del Programa

– Desarrollar un proceso de planificación para la construcción de un moderno y eficiente Plan Estratégico. – Reconocer y utilizar las capacidades internas de la organización para el logro de objetivos en equipo.

– Brindar todas las herramientas prácticas y conceptuales sobre planificación en espacios de decisión pública.

– Hacer de los gobiernos, organizaciones de éxito en el desarrollo y la sostenibilidad de sus políticas públicas con un enfoque de derechos. Propuesta metodológica

El Programa posee un enfoque interdisciplinario en el que se conjugan conceptos, ejercicios, juegos de roles y acuerdos:

DINAMICAS – CONCEPTOS – ACUERDOS – APLICABILIDAD

…con ello:

• Se aprende de la experiencia de los equipos.

• Se participa en las técnicas de aprendizaje lúdico.

• Se vincula en la realidad la teoría y la práctica

• Se dialoga para el logro de acuerdos y compromisos

• Nuestro programa se divide en tres grandes módulos de acción y un bloque opcional de monitoreo

El producto final es la redacción del Plan Estratégico que permitirá a la institución planificar y ejecutar acciones para el desarrollo de sus grandes objetivos en favor de su comunidad y el reconocimiento de su gestión para los próximos años.