Gestión Pública: Motor y Motivo[1]

Por: Renzo Lima

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo (Publicado en la revista Gestión Pública)

www.par.org.pe

ABSTRACT

¿Por qué contamos con gobernantes? ¿Por qué los dotamos de un poder que nos pertenece por derecho? ¿Hacia quiénes deben dirigen su gobierno? ¿Quiénes deben ser los máximos beneficiarios? Este breve artículo intentará responder estas preguntas y algunas otras más que surjan en el camino argumentativo, resaltando un enfoque muchas veces olvidado pero que resulta muy importante para el gobierno de la ciudad: el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

 

Introducción

¿Por qué contamos con gobernantes? ¿Por qué los dotamos de un poder que nos pertenece por derecho? ¿Hacia quiénes deben dirigen su gobierno? ¿Quiénes deben ser los máximos beneficiarios? Este breve artículo intentará responder estas preguntas y algunas otras más que surjan en el camino argumentativo, resaltando un enfoque muchas veces olvidado pero que resulta muy importante para el gobierno de la ciudad: el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

Ahora bien, no es propósito de este texto remontarse a la teoría política que intenta explicar la adopción de gobernantes sobre la sociedad civil, pero sí se debe indicar que todos y todas podemos ejercer algún cargo de poder: es nuestro derecho amparado en la igualdad política que comparte cada miembro de la sociedad. No existe distinción de raza ni de género, ni de ningún otro tipo que impida a alguien la posibilidad de gobernar. Si bien cualquiera puede gobernar, la pregunta siguiente es para qué o para quiénes se ha de gobernar.

Sea quien sea el gobernante, su labor debe estar dirigida hacia quiénes lo eligieron: las personas. Ellos deben ser el motor y motivo de toda gestión. De esto, en líneas generales, se trata el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

 

¿A qué nos referimos con el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana?

Para el buen gobierno de la ciudad se necesita una planificación adecuada que permita definir y establecer estrategias para lograr ciertos objetivos, los que deben responder –al menos en principio- a las demandas de la sociedad. Esto implica que TODA actividad del gobierno debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las personas, a facilitarle y no complicarle sus actividades diarias; y a generar un impacto positivo en sus vidas – llamado también “valor público”[2].

El enfoque orientado al ciudadano y ciudadana es parte del modelo de gestión pública conocido como Nueva Gestión Pública (NGP en adelante) que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, orientada a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible. No sólo constituye un marco renovador que oxigena al Estado, sino que es una respuesta lógica frente a los peligros que existen para contar con una administración pública que no responde a las expectativas ciudadanas[3].

Entre otros componentes que la caracterizan, un enunciado clave de la Nueva Gestión Pública expresa: “Todo aquello que no sirve al ciudadano representa un derroche“[4]. Es decir, la administración no es un fin en sí misma y su única tarea es la de proporcionar los servicios a los que el ciudadano tiene derecho[5], directamente o creando las condiciones para que ello ocurra a través del sector privado. En este sentido, el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana implica pensar la gestión pública y las políticas públicas centrándose en la persona, en el ciudadano o ciudadana que debe y necesita ser foco atención de toda la labor del gobierno.

¿Por qué es importante este enfoque?

La aplicación de este enfoque no viene a ser un mero recurso retórico. No debe ser visto tan sólo como discurso, sino que fundamentalmente tiene una parte práctica, percibida por la sociedad. En esto radica su importancia: no sólo para los beneficiarios de esta forma de hacer política sino también para quienes lo aplican. Este enfoque es importante para los ciudadanos y ciudadanas, tanto como para los gobernantes.

Para los ciudadanos y ciudadanas es importante pues pensar en ellos y ellas como único centro de atención implica orientar todas nuestras actividades en su beneficio. Supone, por lo tanto, generar resultados que impacten positivamente en su vida, brindándoles los servicios con los que, por derecho, debe contar. Para este primer grupo, este enfoque es importante porque plantea una relación efectiva entre “demanda y oferta” de los servicios públicos que satisface, facilita e impacta en la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Para los gobernantes es importante pues generar resultados concretos en la sociedad, realizados en función a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, se traduciría en niveles de satisfacción óptimos que permitan el logro de un clima de gobernabilidad adecuado para el buen gobierno de la ciudad. En este sentido, que los gobernantes apliquen este enfoque no sólo es importante por los efectos que genera para la sociedad, sino por los réditos políticos obtenidos producto de la satisfacción y apoyo que generan estos resultados concretos.

Pero…

Si bien el uso de este enfoque, desde los contenidos y efectos que produce, resulta muy importante para el gobierno de la ciudad, lo cierto es que en muchas actividades gubernamentales  se prescinde de la orientación al ciudadano y ciudadana.

Por poner un ejemplo, es en las grandes construcciones viales en las que se suele omitir este enfoque. La infraestructura se viene construyendo pensando en una ciudad para AUTOS, cuando no para los CIUDADANOS Y CIUDADANAS. ¿Hacia qué se orienta esta construcción?, ¿Para beneficio de qué se remodela pistas y avenidas?, ¿Cómo se planifica la construcción de alguna gran carretera?, ¿En qué se piensa? Son los AUTOS los que dominan la ciudad y, en consecuencia, las construcciones viales están pensadas en facilitarles su transito. Hasta aquí, se podría decir que no hay ningún problema: al fin y al cabo, los autos son conducidos por personas. Sin embargo, sí es un problema cuando dicha construcción afecta a los CIUDADANOS Y CIUDADANAS, complicándoles la vida.

Los puentes peatonales son muestra de esto. ¿Por qué hay tanta gente que fallece por cruzar pistas sin utilizar los puentes peatonales? ¿Acaso genera tantos costos subir, atravesar y bajar por los puentes peatonales? La verdad es que sí. Se decidió construir un paso aéreo en vez de uno a nivel del suelo, complicando la vida de las personas porque las obliga a un esfuerzo extra, esfuerzo que no deberían afrontar si se pensara en los ciudadanos y ciudadanos por sobre todas las cosas. ¿Por qué se construyen pasos aéreos para las personas? Para facilitar el paso de los AUTOS, para que no tengan que ceder el paso, sin duda; pero se obliga a los transeúntes a realizar actividades extras. Se prioriza al AUTO, pero se olvida de los CIUDADANOS y CUDADANAS.

La situación es más crítica cuando pensamos en las consecuencias que esto genera en las personas con discapacidad física o que tienen discapacidad visual. En algunos ejes viales de la ciudad, cruzar de un lugar a otro puede implicar recorrer varios cientos de metros de distancia. Si a esto le añadimos el hecho de que nuestra ciudad está llena de barreras arquitectónicas, es claro que la ciudad surge en desorden, contraria al bienestar, y el ciudadano es convertido en una pieza sin importancia dentro del espacio territorial. Por ello, es indispensable un proceso de planificación concertada en la ciudad de Lima, allí donde este se constituya en un instrumento útil para la gestión gubernamental de la ciudad, ya de por sí, caótica y con graves problemas de exclusión social. Lima como cualquier ciudad grande necesita un plan urgentemente.

Los ciudadanos y ciudadanas deben ser el motor y motivo de la gestión pública. Por ellos y ellas, para ellos y ellas se gobierna. No hay otra razón. Los gobernantes tienen el deber de gobernar para nosotros y nosotras, para eso y por eso se le ha dado ese poder. Ya es hora de que los gobernantes sean conscientes de ese enfoque y lo utilicen. Una ciudad para los CIUDADANOS Y CIUDADANAS, es lo que merecemos.

No todo es malo…

Entre octubre y noviembre del presente año han surgido algunas propuestas o se han realizado algunos anuncios que resultan significativos para los ciudadanos y ciudadanas:

Cuadro 1. Propuestas de Políticas

Propuestas/ Anuncios en GESTIÓN PÚBLICA

Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a Información Pública
Shock de Gerencia Pública
Modernización de la Gestión Pública
Funcionarios Inhabilitados por Corrupción

El 07 de noviembre, la Defensoría del Pueblo propuso, mediante proyecto de Ley, la creación de una Autoridad Nacional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública como respuesta a las trabas que atraviesa el cumplimiento de este derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana. Los datos señalan que son más de 5 mil las quejas que ha recibido dicha entidad, en las cuales se ha verificado el incumplimiento del plazo de entrega, el establecimiento de cobros arbitrarios e inclusive la negación injustificada al acceso a la información pública. Ante  esta situación, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, señala que la medida implica “crear un mecanismo eficiente que fortalece el sistema democrático y que beneficia directamente a la ciudadanía, facilitando el ejercicio efectivo de sus derechos”.[6] En esta idea se puede observar una política con enfoque de orientación al ciudadano que busca brindar facilidades de acceso a la información pública que le permita, entre otras cosas, vigilar y ser partícipe del gobierno.

En esta misma línea, un día antes, el Poder Ejecutivo, a través de la PCM señaló que se restablecerá, para conocimiento público, la lista de ex funcionarios impedidos de retornar a la administración de entidades estatales por haber sido sancionados por  corrupción. Como afirma Juan Jiménez Mayor: “esa información estuvo vigente hasta hace algunos años, pero fue sacada del escrutinio público sin razón alguna. Ahora hay un millón 400 mil funcionarios de los cuales varios estarían inhabilitados, pero no pueden ser detectados por falta de esa información”.[7] ¿Cuál es, entonces, la relación entre la corrupción y el servicio al ciudadano y ciudadana? Poniéndola en términos sencillos, la corrupción en los funcionarios públicos trata, básicamente, de la priorización de los intereses personales por sobre las demandas de la sociedad. Como hemos señalado, el motor y motivo de la gestión pública son los ciudadanos y ciudadanas, y la corrupción no hace sino limitar o afectar derechos fundamentales de los ciudadanos tanto patrimoniales como de acceso a servicios públicos básicos. Por esto, la iniciativa resulta muy importante. La corrupción es todo lo opuesto al enfoque orientado al ciudadano y ciudadana, por lo que luchar contra ella es absolutamente necesario.

Entre fines de octubre y comienzos del presente mes, el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, anunció un “shock en gerencia pública” que contempla la inversión de 500 millones de nuevos soles con el fin de implementar algunas medidas que mejoren la calidad de los servicios brindados por el Estado. La simplificación administrativa y la reforma de la carrera pública, por ejemplo, son algunas de estas medidas. El Ministro ha adelantado que se mejorarán los sueldos de la carrera pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que genera el Estado.[8] La idea de esta reforma es, básicamente, generar incentivos reales – no sólo monetarios también de estabilidad laboral- que vinculen efectivamente la labor de los funcionarios públicos con los ciudadanos y ciudadanas, ambos como su motor y motivo.

A fines del mes de octubre, se presentó virtualmente la propuesta de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, buscando los aportes de los distintos actores de la sociedad civil, con el fin de ir mejorando dicha iniciativa. Resulta interesante, para los propósitos de este artículo, resaltar el planteamiento de una orientación hacia el ciudadano y ciudadana como principio de esta política. Como bien es señalado por el documento: “La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos [y ciudadanas]. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente”.[9]

Recapitulando, podemos ver algunos ejemplos que hacen uso del enfoque orientado al ciudadano y ciudadana, todos centrados en mejorar la gestión pública a beneficio de ellos y ellas. Desde una política más general como la de Modernización de la Gestión Pública que busca agrupar todo, hasta la presentación de una lista de corrupción que permite a los ciudadanos y ciudadanas estar al tanto de los malos funcionarios públicos. La mejor aplicación de este enfoque es la gran tarea.


[1] Con la colaboración de Renzo Lima Baquerizo, miembro del Equipo de Políticas Públicas y Gestión Pública de PAR.

[2] Moore, Mark (1995). Creating Public Value. Strategic Management in Government. Boston: Harvard University Press.

[3] Alza, Carlos (2011). Documento de trabajo para el curso “Gestión Pública y Administración Judicial” de la Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional.

[4] Schröder, Peter. “Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen gobierno”. En:  http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/1198/Schroeder_NGP__Texto_esp.pdf

(consulta 13 de noviembre de 2012)

[5]  Ídem.

[9] Secretaría de Gestión Pública (2012) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Pp. 10.

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