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Nota de Prensa Par 003-2013: Director Ejecutivo de PAR expuso en taller de capacitación organizado por la Defensoría del Pueblo

  • Carlos Alza Barco, Director Ejecutivo de PAR, expuso sobre las Políticas Públicas para la Niñez y Adolescencia.
  • El evento fue organizado por la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia.

El taller organizado por la Defensoría del Pueblo el pasado 24 de abril  contó con la presencia de los comisionados encargados del tema de Niñez y Adolescencia de todo el país. Dicho taller también contó con la presencia del Defensor en funciones Eduardo Vega. El objetivo de la capacitación fue brindar las herramientas de análisis de política y enfoques para el personal de la Defensoría.

Carlos Alza fue invitado a dicha sesión en calidad de ex Defensor Adjunto para los Servicios Públicos, Medio Ambiente y Pueblo Indígenas así como primer Adjunto y asesor de la Defensoría del Pueblo. En su exposición puso énfasis en el enfoque de Derechos y en la Importancia de la labor defensorial en el monitoreo de todo el ciclo de políticas públicas.

Nota de Prensa PAR-002-2013: Responsable de Políticas Culturales de PAR es elegida para liderar movimiento “Somos Cultura”

  • Antoanette Alza Barco fue elegida Coordinadora del Comité de Gestión 2013.
  • Somos cultura alberga a cerca de 2000 organizaciones de todo el Perú.

 

El pasado 07 de Marzo del presente año, ANTOANETTE ALZA BARCO,  quien se desempeña como Coordinadora del Equipo de Políticas Culturales de PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible fue elegida Coordinadora del Comité de Gestión para el año 2013 de SOMOS CULTURA, movimiento cultural que alberga a cerca de 2000 organizaciones en todo el Perú.

En dicha reunión también fueron elegidos como miembros del Comité de Gestión: Stephan Kaspar del Grupo Chaski (Secretario); Rosa Valencia, Vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (Recaudación de Fondos); Ximena Arroyo, de la Asociación de Artistas Aficionados AAA (Comunicación Interna); Rosa Fascio (Comunicación Externa); y Johnny Hidalgo de Galileo Galilei (Documentación).

 

SOMOS CULTURA viene trabajando desde hace dos años articulando a las organizaciones de la sociedad civil para el logro de las demandas del sector cultura, participando activamente en el proceso de elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima al 2025, en las Audiencias para la elaboración de la Propuesta de Ordenanza para la Cultura Viva Comunitaria, y en los principales debates sobre la ley del Cine, del Artista, del Libro, entre otras muchas actividades. 

El nuevo Comité de Gestión 2013 se ha planteado articular a más agrupaciones artísticas  y culturales para el logro de objetivos y un trabajo conjunto que ponga el tema de la cultura en agenda, implementando el Plan de Desarrollo Concertado de Lima y promoviendo el Plan Nacional de Cultura. “Buscaremos incidir en temas claves como los Puntos de Cultura, el Presupuesto Participativo, la Asamblea Metropolitana, y la ley del Artista” comentó Antoanette Alza, quien además recordó que la cultura es un elemento fundamental para lograr el desarrollo y una mejor convivencia pacífica entre los peruanos y peruanas.

 

¡A todos ellos PAR les da su felicitación y les desea mucho éxito en la gestión!

 

Comunicaciones PAR

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Nota de Presa 001-2013: PAR estuvo presente en Foro Nacional sobre Política de Juventudes

  • Diego Salazar participó en Foro Nacional.
  • Certamen fue organizado por SENAJU.

El pasado jueves 14 y viernes 15 de marzo se desarrolló el Foro Nacional “Análisis  de la Situación Política, Social y Económica de la Juventud Peruana”, que reunió a especialistas de diversas áreas con el  objetivo principal de presentar y discutir algunos avances recientes de investigación en áreas que conciernen a la juventud peruana.

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible estuvo presente, representado por Diego Salazar,  en este importante Foro Nacional organizado con el fin de obtener y evaluar insumos y evidencias para la elaboración de propuestas de política en campos como: salud juvenil, seguridad ciudadana y subempleo.

También estuvo presente Ernesto Rodríguez, consultor principal en juventud y políticas públicas de la UNESCO y actual director del Centro Latinoamericano sobre la Juventud (CELAJU).  Dentro de los tópicos más discutidos se encontraron: la creciente criminalidad juvenil y la conformación de pandillas y demás grupos delictivos y la problemática del subempleo juvenil. La Dirección General de Política Criminal y Penitencia del MIJUS, por su parte, presentó su reciente Plan Estratégico  del Sistema de Justicia Juvenil cuyo objetivo apunta a mejorar el sistema penal juvenil desde cuatro ejes: prevención, administración de justicia, reinserción y tratamiento de víctima.

Diego Salazar, miembro del equipo de Políticas Públicas de PAR, participó en dicho evento tomando nota de las principales propuestas para afrontar el problema de la criminalidad juvenil. En su alocución manifestó: “la propuesta de la DGPC es un hito importante para iniciar la coordinación entre instituciones que aparecen separadas en el tratamiento de este problema social, claramente se precisa de un mayor esfuerzo de articulación de la Policía, el Ministerio Público y demás entidades con competencia en el tema”.

El evento concluyó con un llamado del Secretario Nacional de la Juventud, René Galarreta, para tomar más importancia a los jóvenes en la agenda investigativa de los científicos sociales del país.

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A dónde van nuestros impuestos: Presupuesto Público Nacional 2013

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible[1]   (Publicado en la revista Gestión Pública y Desarrollo)

Pablo Roca Sánchez[2]

Resumen

Comienza un nuevo año y el Gobierno ya definió, a fines del año pasado, sus metas y prioridades por medio de la Ley de Presupuesto. En el presente artículo, nos proponemos analizar algunas de las características principales del presupuesto para el año fiscal 2013. Para ello, en primera instancia, se busca explicar escuetamente cómo se elabora el presupuesto en nuestro país y porqué es una de las políticas públicas más relevantes. A partir de allí, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿qué novedades nos trae el presupuesto de este año? Esto nos permitirá observar las prioridades del gobierno para el presente año y comentarlas brevemente.

Introducción

A finales del año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2013. Este tema, que es de suma relevancia para el desarrollo nacional -ya que define metas y prioridades-, no ha estado muy presente en la agenda pública, siendo desplazado por escándalos u otros temas más “mediáticos”. Lo que se propone este artículo es ofrecer al lector una descripción o resumen del proceso presupuestario, la ruta que sigue para ser finalmente aprobado (ejecutado y evaluado), así como una breve descripción de las principales características del presupuesto de este año.

Para entender cómo se presupuesta en nuestro país, ofreceremos definiciones y describiremos escuetamente cada una de las fases del ciclo presupuestario, además de señalar algunas de sus principales características como una política pública que afecta a todos los sectores en tanto define cuánto se le asignará a cada uno. Describir el presupuesto implica señalar cómo se define el destino del dinero que recauda el Estado, quienes deciden hacia dónde van nuestros impuestos, y porqué gastamos en lo que gastamos. Finalmente, esta última cuestión nos remite al presente año y nos lleva a preguntarnos: ¿qué ha enfatizado más este gobierno? ¿Qué aspectos recibirán un mayor impulso mediante un mayor financiamiento? Y por último, ¿qué podríamos esperar en base a cómo se asignado el gasto público para el presente año?

¿Qué es y qué implica la elaboración del Presupuesto Público Nacional?

No es posible comenzar a describir cómo se presupuesta en el Perú sin tener algún tipo de definición, sin saber a qué nos referimos cuando hablamos de Presupuesto o proceso presupuestario. Para este fin, es bastante útil señalar la definición que hacen los autores de La economía política del proceso presupuestario: el caso peruano:

“El presupuesto público es el reflejo financiero de acciones y políticas producto de la interacción entre políticos y otros agentes; es el reflejo de las transacciones políticas entre los distintos actores que intervienen, formal o informalmente, en la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto público. Los resultados a que se llegue en las toma de decisiones están influenciados por la historia y las instituciones que subyacen al proceso de toma de decisiones políticas. En esta visión, el proceso político queda condicionado por los incentivos y las restricciones que enfrentan los distintos actores y por las reglas institucionales que afectan sus interacciones” (Carranza et al 2007: 2).

Esta definición es clave porque ayuda a entender al proceso presupuestario no como algo exclusivamente tecnocrático o una decisión de funcionarios altamente especializados que actúan de forma aislada. Pensar el Presupuesto como juego político, implica entenderlo como producto de negociaciones y pugnas entre actores con intereses distintos. Es por esto que al analizar la interacción entre actores alrededor del proceso presupuestario, Carranza y otros (2007) observan que los distintos y variados intereses crean conflictos sobre la asignación de los escasos recursos públicos y afectan el presupuesto. En este texto no analizaremos a detalle cada uno de los actores y sus respectivos intereses y motivaciones, pero sí haremos una breve alusión sobre este punto.

Por un lado, participan los técnicos o funcionarios del MEF, que tienden a privilegiar la prudencia fiscal en coherencia con la expertise con la ejercen sus funciones. Por el otro, están los políticos del Ejecutivo y del Legislativo. Tanto el Presidente como los congresistas buscarán aquellos gastos que favorezcan su imagen y maximicen sus posibilidades de reelección. Esto, en situaciones ideales -como debería ser-, implica que nuestros representantes (quiénes gobiernan) canalizan y procesan las demandas y mandatos de quiénes los eligieron. Esto último es importante y nos remite a otra definición. Entendiendo el presupuesto como una herramienta de gobierno, en un texto sobre políticas públicas encontramos que  “el Presupuesto es la concreción del programa de gobierno, el lugar de sinceramiento de metas y cotas de financiamiento. Se trata de un acto complejo, en el que intervienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo” (Lahera 2002: 154).

Otra definición bastante útil y que cuenta con un énfasis o enfoque distinto es la que aparece en el texto de Nelson Shack, ex Director de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP). En su obra Presupuestar en el Perú, el autor señala que “el Presupuesto Público es el principal instrumento de programación del Estado para el cumplimiento de sus funciones, misión y objetivos nacionales, a la vez que instrumento para la política económica” (Shack 2007: 10). Esta definición, antes que enfocarse en el juego político o la interacción de actores que se da detrás y define el proceso presupuestario, resalta su utilidad como herramienta que cumple dos funciones: que las metas y objetivos cuenten con el financiamiento necesario para su realización; y que la política fiscal se conduzca de forma adecuada. Sobre el segundo punto, hay que precisar que si bien el Presupuesto tiene varios responsables y actores involucrados, el ente principal o encargado es la DNPP que se encuentra dentro del Viceministerio de Economía, que a su vez es parte del MEF.

El ciclo presupuestario: ¿cómo se presupuesta en el Perú?

Contando con una noción de lo que constituye nuestro objeto de estudio, se hace necesario describir brevemente sus fases. Shack (2006) plantea dividir el proceso en elaboración (que incluye programación, formulación, techos de gasto y clasificadores), aprobación, ejecución y evaluación. Carranza y otros (2007) hacen lo propio, llegando a etapas bastante similares: preparación y formulación, aprobación, ejecución y, control y evaluación. En este mismo texto, se indica que “cada ciclo del proceso presupuestario peruano se inicia con la publicación del Marco Macroeconómico, a fines del mes de mayo del año anterior del presupuesto que se formula, y finaliza casi tres años después con la certificación de la cuenta pública por parte del legislativo” (45). La Ley de Presupuesto se emite anualmente, pero, según lo que aquí se señala, el proceso o ciclo presupuestario completo dura casi tres. Además, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) da una perspectiva de largo plazo al proyectarse sobre los tres años siguientes. Las fases, responsables y fechas en cada parte del ciclo presupuestario pueden observarse en la siguiente tabla (Carranza et al 2007: 45).

fases

Con el MMM y los lineamientos que señala el MEF, la DNPP formula el proyecto de Ley de Presupuesto que se aprueba en el Consejo de Ministros. En esta etapa solo participa el ejecutivo y es importante porque implica que el presupuesto recibe el visto bueno por parte de los ministros y, sobre todo, del Presidente. Esta primera etapa implica un proceso de diálogos y búsqueda de acuerdos entre el MEF y los diferentes sectores, y si bien éste se relaciona con ellos de forma jerárquica, no hay que dejar de lado esta parte en el proceso de definir la asignación sectorial del gasto. Una descripción de de este proceso puede observarse en la siguiente cita:

“Inmediatamente luego de la publicación del Marco, la Dirección de Presupuesto (DNPP) del MEF emite directivas señalando los procedimientos por los cuales los distintos pliegos presentarán sus demandas, dentro de topes prefijados para cada sector por la propia DNPP, consistentes con los objetivos macroeconómicos del Marco. En buena medida estos topes sectoriales reflejan lo otorgado en los años anteriores, y de ahí su carácter inercial. Los pliegos presentan sus requerimientos específicos dentro de estos parámetros hacia fines de junio y hay una serie de discusiones bilaterales entre la DNPP y los representantes del pliego entre fines de junio y julio” (Carranza et al 2007: 2)

Luego de esta parte, el proyecto se envía al Congreso, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, donde primero discuten y negocian los asesores de los congresistas con los funcionarios del MEF. Seguidamente, los congresistas de la comisión, luego de plantear dudas y modificaciones, elaboran un dictamen que es lo que llega al pleno para su discusión y aprobación. Finalmente, el Congreso discute, y tras largas horas de debate, el presupuesto se aprueba por medio de una ley que se envía al Presidente para su publicación.

Una vez aprobado, lo que queda es ejecutarlo y evaluarlo, controlar -durante y tras la ejecución- que se use para los fines previstos. Lo primero corresponde a las unidades ejecutoras (gobiernos regionales, ministerios, etc) y lo segundo a la Controlaría General de la República y al Congreso de la República. Sobre el control y vigilancia que ejerce el Congreso, un aporte interesante es el de Carlos Santisso (2004). El autor, dialogando con el famoso trabajo de Alessina y otros (1999), no descarta que un patrón de relación jerárquico pueda favorecer en muchos casos a la reducción del déficit y, como consecuencia, al equilibrio fiscal (al asumir la responsabilidad o prudencia fiscal como norma básica), sino que añade que si bien esto es cierto en la etapa de formulación, en la etapa posterior, los parlamentarios puede contribuir al proceso por medio del control y la fiscalización, reduciendo el riesgo de corrupción y favoreciendo la transparencia del proceso, así como evitando todo tipo de exceso del ejecutivo que podría darse sin actuase solo sin ningún tipo de contrapeso.

Una mirada panorámica a las fases y procesos que componen el proceso presupuestario, lo que hemos buscado describir en esta parte, puede observarse en el siguiente cuadro.

ciclo de presupuesto

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana. Vigila Perú. Cartilla N°3: El ciclo del presupuesto público[3]

Por último, es posible afirmar que el caso del Presupuesto es bastante ilustrativo sobre lo que Lindblom indica como un “proceso no claro”, al referirse a que el método de ver las políticas “paso a paso” puede inducirnos al error de asumir que el proceso es ordenado y racional. Si bien en el proceso presupuestario, las leyes y el nivel técnico del asunto permiten tener etapas y procedimientos bien definidos, en muchos casos hay varios procesos que se dan en simultáneo. A largo de todo la parte previa a la aprobación, por ejemplo, se producen lobbies o gestión de intereses, es decir, mecanismos informales para incidir en el resultado de la política, en este caso, sobre la asignación del gasto. Todo el tiempo se está ejecutando el Presupuesto, y a lo largo del año se van realizando los otros procesos como la aprobación o la evaluación. Mientras discutes lo que será el año que viene, puede que todavía estés evaluando o por evaluar lo del año anterior, al mismo tiempo en que se ejecuta lo del presente año. Es así que Lindblom (1991) acierta cuanto dice que la elaboración de políticas es un proceso complejo sin principio ni fin y cuyos límites permanecen inciertos (13). El ciclo se cierra en teoría, pero en la práctica parece menos clara la delimitación.

¿Qué novedades nos trae el Presupuesto 2013?

Los 108,418.9 millones de soles que se han presupuestado para el presente año no caen del cielo. La mayor parte de los ingresos del Estado a partir de los cuales se compone el Presupuesto Público, 69% este año, provienen de los impuestos que pagamos: ISC, IGV, impuesto a la renta, entre otros. Al tener la obligación de pagar impuestos deberíamos estar interesados en qué se hace con ese dinero, saber hacia dónde se dirige, lo cual nos conduce a echarle a una mirada al presupuesto. Comencemos con una mirada general para luego entrar a los detalles, al análisis sectorial.

El Presupuesto del presente año es 13,5% más grande que el del año anterior, lo cual se debe al crecimiento económico, el próximo año se ha proyectado un crecimiento de 6%, y la sensibilidad de nuestra economía ante los riesgos que plantea la panorama mundial. Las crisis en países como Estados Unidad y Europa, así como cierta disminución del crecimiento de China, afectaron años anteriores y se apunta a que la economía peruana se mantenga sólida frente a ese escenario internacional. Si observa la evolución del presupuesto en los últimos años, se puede ver que el incremento se ha producido sobre todo en los niveles subnacionales, lo cual es saludable para un país que quiere descentralizarse. El incremento en el presupuesto total, así como por nivel de gobierno, puede observarse en el siguiente cuadro[4]

evolucion del presupuesto

En una de sus columnas, Martín Tanaka (2012) señala que el presupuesto del 2013 trae algunas novedades que pueden ayudar a prever el curso del próximo año. Este presupuesto, nos dice, es casi el triple del de hace diez años, el doble del de 2006, 13.5% más grande que el del 2012. Los programas de inclusión social tendrán un 67% más de recursos, 20% más en defensa e interior, se quintuplicará el presupuesto para atención de desastres, entre otros cambios importantes, y se calcula un crecimiento del 6%. En otras palabras, a finales de 2013, cuando lleguemos a la mitad de la gestión del presidente Humala, podríamos tener un gobierno con niveles de popularidad inéditos si los comparamos con las gestiones anteriores[5].

Una vez que sabemos que tenemos un presupuesto más grande, el siguiente paso es ver qué aumentó. Los incrementos más notorios que pueden observarse este año reflejan las prioridades en la agenda de este gobierno (ya que en el anterior estaba en buena parte determinado por compromisos del gobierno pasado). Promesas como la inclusión social quedan en el aire si es que no cuentan con el financiamiento necesario para ejecutar proyectos y programas que apunten a la realización de los objetivos trazados. Por eso, el presupuesto sincera las prioridades del gobierno y es necesario fijarnos a detalle qué sectores están siendo dotados de mayor presupuesto y qué se espera con ello. En las siguientes líneas nos centramos en esta tarea y también señalaremos algunas precisiones o especificaciones sobre las afirmaciones de Tanaka sobre el presupuesto que mencionamos líneas arriba.

La apuesta de este gobierno ha sido mantener el piloto automático, la ortodoxia en la política económica, pero conjugándola con un importante gasto social para mostrar una imagen de gobierno inclusivo. Es así que el fuerte incremento que se ha hecho en lo que respecta a programas sociales está destinado a cubrir promesas de campaña, como seguir ampliando Cuna más o Pensión 65, así como fortalecer la labor del MIDIS en la dirección de numerosos programas que se vienen implementando. Muchos programas son de alivio de la pobreza más que generación de capacidades, y, por ello, no solucionarán el problema de fondo. Sin embargo, las acciones de alivio a corto plazo no son menos importantes -por la urgencia de atender inmediatamente las necesidades de poblaciones vulnerables- que las más profundas de largo plazo. Tampoco es cierto que el presupuesto lo resuelva todo. La forma en cómo se ejecutará será también clave. Pero hay que reconocer que sin presupuesto no se puede hacer nada o se limita mucho cualquier tipo de acción. Por eso que la inclusión social pase del anuncio con bombos y platillos a estar presupuestada es algo a resaltar.

Otros incrementos importantes y saludables se han dado en educación y en ciencia tecnología, aspectos fundamentales para un país que aspira al desarrollo y que para ello demanda mayor investigación y la formación de capital humano. En ciencia y tecnología el presupuesto contempla un aumento de 30% en el sector y se estiman alrededor de 300 millones de soles. En educación, el gobierno tiene propuestas y promesas como Beca 18 que busca cerrar la brecha en el acceso a educación o darle un impulso mayor a la Educación Intercultural Bilingüe (EBI). Esto implica gastos como la capacitación de docentes en EIB y las becas estudiantiles. Actualmente hay un déficit de 12 mil docentes bilingües de educación inicial, así como una insuficiente disponibilidad de docentes capacitados así como material educativo pertinente. Todo esto debe ser cubierto con el presupuesto asignado.

Otro aspecto fundamental que no puede dejar de mencionarse es el incremento en defensa y seguridad, de 20%, que apunta a cubrir incrementos salariales, compra de equipamientos y mejoras en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aspectos bastante descuidados o no atendidos debidamente en presupuestos anteriores. El incremento también servirá para contar con el financiamiento necesario para afrontar problemas como la inseguridad ciudadana o el narcotráfico en el VRAEM. Esta modificación al presupuesto del sector se encuentra en consonancia con la sensación de inseguridad que se encuentra bastante extendida y la demanda de orden que existe como consecuencia de ello, siendo un tema que el gobierno no puede ignorar.

Los sectores que hemos analizado no son los únicos que merecen ser comentados, pero por la brevedad de este escrito terminaré con un último tema: gestión pública. A fines del año pasado, el ministro de economía Miguel Castilla manifestó que “el Estado “tiene que modernizarse” y el capital humano “es central”, por lo cual es necesario fortalecer esta área con una línea de carrera”[6]. El 9 de enero del presente año, mediante Decreto Supremo (DS  004-2013-PCM), el ejecutivo aprobó “La política nacional de modernización de la gestión pública”. Al día siguiente, el Primer Ministro, Juan Jiménez Mayor, anunció que el Ejecutivo tiene previsto destinar este año una partida de 500 millones de nuevos soles para iniciar la Reforma del Servicio Civil[7]. El que desde el gobierno se adopten las medidas necesarias para que se haga carrera dentro del Estado y se vaya ascendiendo a base a la meritocracia es algo que se hace en varios países y que en el Perú ya se está implementando en ciertas áreas aunque aún falta mucho por hacer. Avanzar hacia la construcción de un cuerpo de funcionarios públicos competentes y capaces de brindar servicios con orientación al ciudadano es una tarea que no debe dejarse de lado. En este tema la reciente creación de la Escuela Nacional de Administración Pública ha iniciado un proceso de diseño e implementación que mostrará sus primeros pasos este año.

Reflexión final

Un presupuesto más grande, que contempla incrementos importantes y positivos, ofrece mayores posibilidades de hacer reformas y proyectos importantes. Hay para gastar en el Estado, es cierto. Sin embargo, cuando crece la economía y el presupuesto, crecen las expectativas; y si no se las procesa oportunamente, también la insatisfacción y los conflictos. Por ello es importante trabajar hábilmente en una ejecución eficiente de los gastos asignados, así como en una comunicación efectiva que permite a la ciudadanía saber a dónde va el dinero, cómo y en qué se ejecuta, resaltando los logros y avances, evaluando con indicadores medibles la eficiencia del gasto y fiscalizando activamente que el dinero se invierta en los fines previstos y en beneficio de la mayoría de peruanos.

Bibliografía

Perú eleva presupuesto del 2013 en un 13.5%. Consulta 05 de enero de 2013

<http://gestion.pe/economia/peru-eleva-presupuesto-2013-135-2011255>

Presupuesto 2013 pondrá énfasis en programas sociales. Consulta 05 de enero de 2013

<http://www.larepublica.pe/26-08-2012/presupuesto-2013-pondra-enfasis-en-programas-sociales>

Mayor presupuesto para Ciencia y Tecnología en el 2013. Consulta 05 de enero de 2013 <http://publimetro.pe/actualidad/9184/noticia-mayor-presupuesto-ciencia-y-tecnologia-2013>

Presupuesto 2013 contempla S/. 300 millones para ciencia y tecnología. Consulta 05 de enero de 2013. <http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2012/09/10/965139/presupuesto-2013-contempla-s-300-millones-ciencia-tecnologia.html>

Presupuesto 2013 busca mejorar capital humano en sector público, asegura Castilla. Consulta 05 de enero de 2013. <http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-presupuesto-2013-busca-mejorar-capital-humano-sector-publico-asegura-castilla-440781.aspx&gt;

Ejecutivo prevé destinar 500 millones de soles para iniciar Reforma del Servicio Civil. Consulta 12 de enero de 2013. <http://www.pcm.gob.pe/Prensa/ActividadesPCM/2013/Enero/10-01-13-d.html&gt;

BACA, Epifanio. Presupuesto 2013: Una tendencia a la recentralización. Consulta 04 de enero de 2013. En: <http://www.revistaideele.com/ideele/content/presupuesto-2013-una-tendencia-la-recentralizaci%C3%B3n>

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1999 Budget institutions and fiscal performance in Latin America. Washington DC: Inter-Amercian Development Bank.

CARRANZA, Luis;  VALDERRAMA, José; CHÁVEZ, Jorge

2007 La economía política del proceso presupuestario: el caso peruano. Instituto Peruano de Economía: Lima.

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2003 Análisis independiente del Presupuesto Público. En Economía y Sociedad 43. Lima: CIES.

GAZMURI, Jaime

2012 Experiencias de oficinas técnicas de Presupuesto en el Poder Legislativo de países latinoamericanos. Washington D.C: BID.

LIENERT, Ian

2010 Role of legislature in budget process. FMI. Fiscal Affairs Department.

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2007 Resultados de la encuesta de la OCDE 2006: “Procedimientos y prácticas presupuestarias de los países de Latinoamérica”. OCDE: Santiago de Chile.

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2004 Legislative budget oversight in presidential systems: governance of the budget in Perú. Santiago de Chile: ECLAC

2004 Legislatures and Budget oversight in Latin American: Strengthening Public Finance

Accountability in Emerging Economies. En OECD Journal on Budgeting. Volume 4. N°2.

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2010 ¿Quiénes deciden el Presupuesto? La economía política del proceso presupuestario en América Latina. BID

SHACK, Nelson

2006 Presupuestar en el Perú. CEPAL: Santiago de Chile.


[1] Organización privada cuyo propósito es el desarrollo, gestión, planeamiento, implementación y seguimiento de políticas públicas, diseños normativos e institucionales, instrumentos y procesos de gestión pública, así como temas vinculados a la regulación de servicios públicos y al desarrollo sostenible. Diseñar e implementar procesos de incidencia política, programas de apoyo social, manejo de conflictos sociales, proyectos de desarrollo ambiental y social, tanto al sector público como al privado, en el ámbito nacional e internacional. Además, promueve la investigación y la publicación de libros, revistas, entre otros. www.par.org.pe

[2] Miembro del Equipo de Políticas Públicas y Gestión Pública de PAR.

[4] El cuadro presentado se encuentra en: http://www.ciudadanosaldia.org/boletines/repositorio/b146/BoletinCAD146_PresupuestoP%C3%BAblico2013.pdf

Otras cifras, debido a lo que presenta el cuadro es sobre lo ejecutado y para el 2012 es al 9 de octubre, y un análisis de la asignación del gasto según nivel de gobierno pueden verse en: http://www.revistaideele.com/ideele/content/presupuesto-2013-una-tendencia-la-recentralizaci%C3%B3n.

“ESTADO SOBERANO Y GARANTE DE DERECHOS” A PROPÓSITO DEL INFORME DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL AMBIENTAL

Por: Diego Salazar (Publicado en la revista Gestión y Desarrollo)

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo

www.par.org.pe

Abstract:

Mediante Resolución Suprema No. 189-2012-PCM, la Comisión Multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas para mejorar las  condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollan las actividades económicas, presentó su informe el pasado 10 de Octubre. Dicha Comisión estuvo integrada por representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Agricultura, Economía y Finanzas, Energía y Minas, Cultura, Salud y Producción. Cuatro son los ejes que se han aprobado: i) Estado garante y soberano de derechos, ii) mejora en la calidad de vida con ambiente sano, iii) compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales y iv) el patrimonio natural saludable. Cada eje cuenta con una serie de objetivos que pretenden ser los lineamientos de acción básicos del Estado en asuntos extractivos y de manejo de recursos naturales. En este artículo realizaremos un breve comentario al eje Estado Soberano y Garante de Derechos fundamentado en el mejoramiento de la gestión ambiental mediante una mayor presencia con obras de impacto social en futuras zonas de inversión.

La Comisión Multisectorial

El 4 de Julio del 2012, mediante Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, se conformó la comisión multisectorial encargada de elaborar propuestas normativas y políticas para el tratamiento de los recursos naturales en el país.  Dicha comisión es una repuesta al incremento y agudización de los conflictos sociales en el país, y a la necesidad de encontrar un marco normativo completo que garantice la estabilidad jurídica necesaria para la promoción de las inversiones con paz social[1].

Dicha comisión presentó, el 12 de Octubre del presente año, un informe en el que se establecen cuatro (4) ejes sobre los cuales se desarrollará la política extractiva: i) Estado garante y soberano de derechos, ii) mejora en la calidad de vida con ambiente sano, iii) compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales y iv) el patrimonio natural saludable. En el presente artículo nos centraremos en el primero de ellos.

d

“Estado soberano y garante de derechos”

Este eje es uno de los más importantes en cuanto al manejo de los recursos ambientales, procedimientos sancionadores y gestión de la conflictividad social. Se enfatiza la voluntad política del gobierno para el ejercicio soberano de los recursos naturales con una orientación al bienestar colectivo para los ciudadanos. En realidad, la referencia al ejercicio soberano se enfoca en la garantía de la explotación de recursos para el país,  beneficiando el interés colectivo.

El eje estratégico bajo análisis tiene, a su vez, seis objetivos fundamentales que la Comisión Multisectorial considera pertinentes para garantizar los derechos ciudadanos y la defensa del Estado en materia ambiental. El primer objetivo hace referencia al “Acceso a la Justicia y fiscalización ambiental eficaces”, en el que se reconoce la existencia de mecanismos legales que protegen los derechos ambientales (el Derecho constitucional ambiental, el derecho civil ambiental y el derecho penal ambiental). Dentro de las sanciones en cada una de estas áreas del derecho podemos encontrar:

Ley General del Ambiente

Título XIII del Código Penal N°635 establecido mediante Ley N° 29263

  1. Amonestación.

b. Multa no mayor de 10 000 UIT vigentes a la fecha en que se cumpla el pago.

c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión de la infracción.

d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.

e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra autorización, según sea el caso.

f. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la infracción.

En ley se especifican los delitos ambientales como:
  1. Capítulo I Delitos ambientales

–  Art. 304. Contaminación del ambiente, donde estipulan penas privativas de la libertad no menores de 4 años (hasta el 2008 para esta misma pena los años de cárcel estaban entre 1 y 2 años).

–  Dentro de este capítulo se definen formas agravadas (Art 305) en las que se definen penas privativas de la libertad no menores de 4 años ni mayores de 7.

–  Art. 305. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos con una pena privativa no mayor de 2 años.

–  Art. 306 Tráfico ilegal de residuos peligrosos, con una pena privativa de libertad entre 4 y 6 años.

Gran parte de estos mecanismos, según el informe, aún son insuficientes y no garantizan la internalización de los costos de las empresas en caso de sanción. Para suplir esta deficiencia, la Comisión Multisectorial plantea como prioridad “Garantizar la adecuada supervisión, fiscalización y sanción de las obligaciones y compromisos ambientales”, destinado al fortalecimiento del SINEFA, creado mediante Ley 29325. Esta iniciativa es positiva en cuanto a la tipificación de infracciones de naturaleza ambiental y su tratamiento administrativo. Tal como lo sugiere el informe, esto en gran medida contribuiría hacia una legislación disuasiva en materia ambiental.  Adicionalmente, la mencionada legislación podría aportar a prevenir los problemas administrativos en torno a la minería informal y actividades ilícitas como la tala ilegal y tráfico de especies en peligro de extinción, estableciendo una legislación sin lagunas jurídicas que lleven a la sobre-interpretación en perjuicio del Estado.

Es importante señalar que, actualmente, las acciones de fiscalización de la OEFA se han ido paulatinamente incrementando hasta llegar a una variación promedio del 40% entre los años 2011 y 2012[2]:

d

Según la OEFA, hasta el presente año se han realizado 461 acciones de supervisión, 134 de las cuales culminaron en Resoluciones de Sanción por un monto de 20169.17 UIT.

Por otro lado, otra de las recomendaciones que el informe brinda es la creación de una Procuraduría Pública Especializada Ambiental en orden defender los intereses del Estado en materia penal ambiental y civil indemnizatoria en procesos  referidos a daño ambiental. Este ámbito es un buen inicio para brindar herramientas de defensa al ciudadano y canalizar los iniciales conflictos en materia ambiental por medios institucionales. Además, la  consolidación de la Procuraduría en tres niveles de Defensa (Constitucional, Penal, Civil) permitiría una mejor atención de las denuncias por delitos ambientales en el país, así como a revertir la tendencia inicialmente existente en contra de Estado por parte de sectores dedicados a actividades ilícitas o aquellos que dañan el ambiente.

Con la creación de esta Procuraduría Especializada se pretende emular el modelo chileno, en el que mediante  procesos civiles que demandan a las empresas por daños al medio ambiente,  y que eventualmente terminan en  indemnizaciones económicas, se intenta controlar la escalada de la conflictividad social. No obstante lo señalado, es importante mencionar que también hay que tomar en cuenta las condiciones sociales en las que se generan los conflictos, el mero señalamiento de un mecanismo legal adicional no garantiza una reducción de la conflictividad por medio del fuero civil, al contrario, puede representar un canal más para la escalada del malestar social y su posterior desarrollo como protesta social en la medida en que estos no sean eficaces  y de rápida respuesta.

Por ello es  importante garantizar la legitimidad del proceso más allá de su legalidad; esto ayudará a la restauración de la confianza entre la población afectada y el Estado, para dejar de verlo como un enemigo como ocurre en muchos casos.

Este punto nos lleva al tercer objetivo planteado dentro de este eje estratégico   ”Garantizar el diálogo y concertación preventivos para construir una cultura de paz social”, enfocado en un tratamiento preventivo, articulado, multisectorial y dialogante con las localidades donde se realizarán futuros proyectos de inversión a gran escala.

Este punto es altamente positivo, ya que plantea una intervención del estado ex ante a diferencia del esquema seguido en la actualidad, las acciones del Estado en las futuras zonas de inversión estarán enfocas en reducir las brechas y hacer visible las acciones de Estado, todo ello sistematizado en un protocolo de atención temprana, que según el informe:

“ […] buscaría contribuir a generar confianza y credibilidad, fortaleciendo la gobernabilidad democrática; así como superar acciones reactivas, descoordinadas y sectorizadas en la atención del relacionamiento entre las empresas, las comunidades locales y los distintos niveles y sectores estatales.”[3]

Esta iniciativa se sumará a la ya mencionada Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad que hace poco fuera presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros y también buscará integrar los tres niveles de Gobierno mediante un mecanismo que active el procedimiento fiscalizador ambiental en caso de conflicto.  Este mecanismo constituiría una estrategia positiva para contener la conflictividad social en su fase más temprana, evitando el escalamiento a la violencia. No obstante, hay que señalar que, si bien se atiende los conflictos sociales desde la centralidad del Estado, no  se está trabajando en fortalecer las capacidades tanto materiales como profesionales del Gobiernos Regionales y Locales en materia de tratamiento ambiental y de conflictos. Por el contrario, bajo el esquema desconcentrado, el Estado toma las riendas mediante una mejor presencia de la su centralidad en las provincias. Este problema se hará más visible en el objetivo número 6.

El tercer objetivo, “Mejoramiento del Desempeño del Estado en la Gestión y Regulación Ambiental”, propone la sistematización de información relevante en materia ambiental a través de la creación de un informe del desempeño ambiental usando la metodología de la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sobre este punto, el INEI viene realizando anuarios de estadísticas ambientales, de tal forma que resultaría altamente beneficioso un trabajo conjunto dicha entidad.

Ahora bien, según el Informe, todos estos mecanismos serán acompañados de un sistema de información estratégica en materia ambiental y esto se enmarca en el cuarto objetivo definido como la “Generación de información sistémica e integrada para la toma de decisiones”.

Si bien el SINIA ha estado cumpliendo el rol en los últimos años, hace falta la generación de información desagregada, es decir, regionalizada y distritalizada que permita tomar decisiones estratégicas para atender posibles emergencias ambientales y/o futuros conflictos sociales.

El quinto punto, “Fortalecimiento de la ciudadanía, la Comunicación y la Educación Ambiental”, apunta a desarrollar un Plan Nacional de Ciudadanía Ambiental en la que se promuevan “buenas prácticas ambientales y la ciudadanía”; este punto es clave en la conformación de una cultura saludable y que cuide el medio ambiente, pero también, eventualmente, puede ser usado como espacio de aprendizaje de negocios ecológicos y el fortalecimiento de la interculturalidad.

Finalmente, el sexto eje estratégico se refiere a la “Construcción de Capacidades y Profesionalización Ambientales”. Este afirma la necesidad de contar con profesionales altamente calificados en materia de Gestión Ambiental. Al respecto, dos son las medidas que el informe de la Comisión Multisectorial recomienda: i) la creación de un Servicio Público Ambiental que le correspondería reglamentar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil; y ii) como segunda medida, en una apuesta por el largo plazo, la Comisión Multisectorial sugiere el otorgamiento de becas e incentivos para estudiantes que deseen especializarse en dicha materia. La propuesta de un Servicio Civil Ambiental contribuiría a la especialización de los funcionarios de alto nivel en dicha materia lo que necesariamente debe ir acompañado con un ordenamiento en cuanto a los órganos de toma de decisión en materia ambiental.

Bibliografía

MINEM. (2012). Industrias extractivas deberán cumplir los más altos estándares ambientales y sociales. [Online] Consultado el 16.10.2012: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=4&idTitular=4868

OEFA.( 2012). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el macroproceso de fiscalización ambiental: Logros Enero-Julio de 2012. [Online]. Consultado el 16.10.2012:  http://www.oefa.gob.pe/?page_id=2881

Peru21. (2008.) Gobierno endureció sanciones contra delitos ambientales. 2-10-2008. [Online] Consultado el 15-10-2008: http://peru21.pe/noticia/217738/gobierno-endurece-sanciones-delitos-ambientales

Presidencia del Consejo de Ministros. (2012). Informe de la Comisión Multisectorial Encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas.


[1] MINEM. (2012). Industrias extractivas deberán cumplir los más altos estándares ambientales y sociales. [Online] Consultado el 16.10.2012: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=4&idTitular=4868

[2]OEFA.(2012). El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el macroproceso de fiscalización ambiental: Logros Enero-Julio de 2012. [online]. Consultado el 16.10.2012:  http://www.oefa.gob.pe/?page_id=2881

[3] Presidencia del Consejo de Ministros. (2012). Informe de la Comisión Multisectorial Encargada de elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas. Pág: 15.

¿Cobrar o caminar libremente?

El problema de la gestión de los espacios públicos en la ciudad de Lima

Por: Alvaro Rojas

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo (Publicado en la revista Gestión Pública)

Abstract

El problema de los llamados espacios públicos de la ciudad de Lima es su paulatina privatización. La disposición de la gestión edil anterior y la continuación en la actual acerca del cobro por el acceso a estos espacios ocasiona un problema de gestión: el mantenimiento de dichos ambientes requiere un gasto que es cubierto por el cobro a los ciudadanos. Sin embargo, esto contradice la propia idea de espacios públicos.

En este artículo se realizará un breve análisis de la actual situación de la gestión y privatización de algunos espacios públicos en la ciudad de Lima. Para tal objetivo definiremos qué es un espacio público para luego centrarnos en el análisis de la gestión de los mismos a través de la privatización y presentando propuestas de solución para esta situación que consideramos problemática.

Conociendo el espacio público

La noción de “espacio público” está dividida entre las diferentes concepciones que aparecen, por ejemplo, en la sociedad limeña. Por ejemplo, según la encuesta de “Lima Como Vamos 2011, “el 44.4% de los entrevistados pensó en los parques cuando se les preguntó por el concepto de espacios públicos” (Lima Como Vamos 2011) notando así que la población posee una idea básica de lo que es un espacio público. No obstante, para este artículo nos centramos en dos definiciones del espacio público pertenecienetes a reconocidos académicos. Una definición, es la argumentada por el arquitecto Wiley Ludeña; para quien los espacios públicos son el “dominio constituido por todos los espacios de la ciudad abiertos, cubiertos, semicubiertos, diseñados o no diseñados, naturales o artificiales de prioridad y gestión pública y uso público efectivo o potencial libre e irrestricto de forma individual o colectiva en mediación de intereses privados” (Ludeña 2011).

Otra definición que también nos parece relevante, es la que contempla al espacio público como una infraestructura social de propiedad y gestión pública; de uso libre e irrestricto de forma individual o colectiva que todo individuo socializa sus derechos en su condición de ciudadano y en donde se promueve prioritariamente los valores públicos (museos, bibliotecas, etc) (Ludeña 2011). Finalmente, Vega Centeno (2011)  define al “espacio público como destino”. Es decir, espacios de encuentro y tránsito como parques, plazas, calles: posibilidad de encontrarse con otras personas en un espacio donde concurren muchas personas; posibilidad de las personas en estar en constante movimiento, e interactuar con miles, a quienes no conocemos. Es la ciudad hecha por los movimientos, del espacio público y su relación con  los ciudadanos

En base a las definiciones planteadas afirmamos que la noción de “espacio público” gira entorno a los espacios destinados para el disfrute de la población. Lo cual, significa el ejercicio de los derechos de todos y todas en su capacidad de utilización de espacios dedicados a la recreación y socialización. Entonces,

la importancia de los espacios públicos radica en reconocer que son ambientes utilizados por una gran cantidad de personas, en donde se desarrollan dinámicas sociales, culturales, y de aprendizaje colectivo. En el mismo sentido, la gestión de los mismos permitiría a la Municipalidad Metropolitana de Lima cumplir con una de sus funciones: permitir el acceso libre y promover el desarrollo de todos y todas en base a los derechos ciudadanos de tener espacios destinados al desarrollo personal, familiar y construir lazos sociales que a su vez originan la “confianza hacia el otro, al extraño” (Vega-Centeno 2011)

Ahora bien, consideramos que estas definiciones de espacio público no han sido incluidas a cabalidad por la gestión municipal, tanto en la gestión edil anterior como en la actual, si bien en esta última gestión edil se han logrado avances notorios y considerables, se tiene una visión diferente en cuanto al servicio y gestión ofrecidos en estos espacios destinados para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿en qué se han enfocado la gestión de los espacios públicos en ambos periodos ediles?

Privatizando los espacios públicos: el cobro de lo “público”

Habiendo  definido a los espacios públicos, resulta importante reconocer la problemática que existe en la ciudad de Lima. Resulta que, en un hecho contradictorio, muchos de los espacios públicos de la ciudad limeña han sido “privatizados”. Esta situación se fortaleció en la gestión edil de anterior y, como consecuencia del mismo, las estructuras se mantienen en la gestión edil actual.

En principio, la gestión pública se centra en la capacidad de los actores públicos de organizar un sistema de producción de manera técnica y políticamente argumentadas, a fin de que ofrezcan soluciones a los problemas y satisfagan las necesidades para el bienestar de la población. Aplicando esto a la gestión pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es importante que se considere la satisfacción de las necesidades básicas que los ciudadanos y ciudadanas de la capital buscan en los espacios públicos: la recreación, socialización, y la generación de una cultura ciudadana que permita la convivencia pacífica entre todos y todas. En suma, derechos que son necesarios para el desarrollo de la población en materia de prácticas y valores ciudadanos.

Ahora bien, la gestión edil en la actualidad  tiene a su cargo diversos espacios públicos (cabe resaltar que la ciudad limeña no cuenta con un registro oficial que indique la cantidad de los mismos; esto ocasiona que no se tenga conocimiento ni medir con certeza el espacio público que posee Lima y cuánto hace falta) Por dar un ejemplo, la Municipalidad de Lima administra ocho parques zonales, que suman un total de 2´407,732 m²; Asimismo, los parques metropolitanos suman un total de 204,283 m²(Lima Como Vamos 2011).

PARQUES ZONALES

 

imagen 1

 

 PARQUES METROPOLITANOS

imagen 2

A partir de los anteriores gráficos podemos dar cuenta de la enorme responsabilidad que tiene la MML por gestionar estos espacios públicos destinados a la ciudadanía.

Ahora bien, enfocándonos en el problema, a pesar de las implicancias que tienen estos espacios para la ciudadanía, la MML ha venido “privatizando” estos espacios públicos: la privatización, una de las formas de gestión venidas del ámbito de reformas estructurales propiciadas en los años 90´s, ha calado fuertemente en la gestión pública de parques, zonas de recreo, y demás espacios públicos. La privatización implica, en efectos reales, que para lograr el acceso al denominado espacio público el ciudadano o ciudadana debe dar una suma de dinero para disfrutar de los beneficios de estos espacios. Esta situación contradice todo lo anteriormente descrito en este artículo, por definición y por sus implicancias prácticas no debe ser “cobrado” a la población. La entrega de dinero supone a su vez que no solamente se tenga el espacio público, sino que se espere el ofrecimiento de más y mejores servicios por parte de los administradores, en este caso de la MML. Es así que, en la mayoría de espacios públicos de la capital se está cobrando el acceso a los mismos. Algunos ejemplos de esta situación lo constituyen: el parque de las Aguas, en donde, se cobra un monto que es destinado al mantenimiento del parque (cabe resaltar que, además, se encuentra enrejado, como otros muchos otros parques, y esto vulnera el derecho al libre acceso de los ciudadanos y ciudadanas) Los parques zonales (los cuales fueron llamados “clubes zonales” para justificar el cobro de la entrada) también han sido privatizados con lo cual la población de escasos recursos no puede acceder a estos espacios (en los gráficos previos se demuestra que los parques zonales se encuentran todos en los distritos de mayor población y de condición económica pertenecientes al sector C, D y E) El cobro así se ha  convertido en un obstáculo para el disfrute colectivo e igualitario del espacio público.

La privatización de estos espacios, implica que al cobrar el ingreso se espera mejores servicios, los cuales en su mayoría no son cumplidos. Según datos de Lima Como Vamos (2011) “en promedio estos parques [parques zonales] sólo tienen habilitados el 64% de su área total, por ejemplo, el Parque Huáscar en San Juan de Lurigancho, con 666,971 m2, y el parque Cahuide en Ate, con 611,200 m2 –los dos más grandes de Lima–, sólo tienen habilitados un 47% y un 28%, respectivamente”. Otro problema del uso de los espacios públicos es la habilitación de actividades lucrativas como ferias, ventas, entre otras; que distorsionan el concepto de espacio público. Privatizar implica también, como efecto del mismo, que se diferencien entre los usuarios y el resto: margina en relación al acceso a los espacios públicos a todos aquellos que no han pagado por el ingreso a los mismos. Una muestra bastante clara de esta limitación a los espacios públicos, es el enrejado alrededor de estos parques zonales y otros de la capital. En otras palabras, no se permite ingresar por no pagar y se restringe el acceso vial a estos espacios públicos por la misma razón. De este modo, en nuestra forma de análisis, se vulneran los derechos ciudadanos de acceder al uso del espacio público en su ciudad.

Sugerencias para el cambio

Finalmente, sugerimos que si la gestión municipal de los espacios públicos logra habilitar todos los parques, es esperable que más personas disfruten de los mismos y que se cumpla con una gestión pública orientada a garantizar el acceso a todos y todas. Asimismo, esto debe complementarse con la búsqueda de una fórmula que permita el mantenimiento y creación de espacios públicos sostenibles sin que se recurra al cobro injustificado de entrada a los mismos. Por último, el espacio público debe ser considerado como un derecho que tienen los ciudadanos por un espacio adecuado para su relación interpersonal con los demás: “espacios que sean campos fértiles para la interacción de una inmensa diversidad de personas, que permitan el surgimiento de relaciones humanas y que den rienda suelta a la creatividad” (Lima Como Vamos 2011) Por todo ello, garantizar una gestión pública de la MML orientada a lo “público” y no aplicar las tendencias privatizadoras que rompen con las dinámicas recreaciones, socializadoras, y generados de valores ciudadanos de los espacios públicos en la capital.

Bibliografía

LIMA COMO VAMOS (2011) Evaluando la gestión en lima al 2011

LUDEÑA, Wiley (2011) “Espacios Públicos y Renovación urbana en el Perú”. Ponencia presentada en Seminario Lima y Espacios Públicos: Diseño urbano y urbanismo del futuro. Nuevos desafíos. Lima

VEGA-CENTENO, Pablo (2011) “Lima-cambios sociales y espacios públicos”. Ponencia presentada en Seminario Lima y Espacios Públicos: Diseño urbano y urbanismo del futuro. Nuevos desafíos. Lima

Gestión Pública: Motor y Motivo

Gestión Pública: Motor y Motivo[1]

Por: Renzo Lima

PAR – Instituto de Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo (Publicado en la revista Gestión Pública)

www.par.org.pe

ABSTRACT

¿Por qué contamos con gobernantes? ¿Por qué los dotamos de un poder que nos pertenece por derecho? ¿Hacia quiénes deben dirigen su gobierno? ¿Quiénes deben ser los máximos beneficiarios? Este breve artículo intentará responder estas preguntas y algunas otras más que surjan en el camino argumentativo, resaltando un enfoque muchas veces olvidado pero que resulta muy importante para el gobierno de la ciudad: el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

 

Introducción

¿Por qué contamos con gobernantes? ¿Por qué los dotamos de un poder que nos pertenece por derecho? ¿Hacia quiénes deben dirigen su gobierno? ¿Quiénes deben ser los máximos beneficiarios? Este breve artículo intentará responder estas preguntas y algunas otras más que surjan en el camino argumentativo, resaltando un enfoque muchas veces olvidado pero que resulta muy importante para el gobierno de la ciudad: el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

Ahora bien, no es propósito de este texto remontarse a la teoría política que intenta explicar la adopción de gobernantes sobre la sociedad civil, pero sí se debe indicar que todos y todas podemos ejercer algún cargo de poder: es nuestro derecho amparado en la igualdad política que comparte cada miembro de la sociedad. No existe distinción de raza ni de género, ni de ningún otro tipo que impida a alguien la posibilidad de gobernar. Si bien cualquiera puede gobernar, la pregunta siguiente es para qué o para quiénes se ha de gobernar.

Sea quien sea el gobernante, su labor debe estar dirigida hacia quiénes lo eligieron: las personas. Ellos deben ser el motor y motivo de toda gestión. De esto, en líneas generales, se trata el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana.

 

¿A qué nos referimos con el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana?

Para el buen gobierno de la ciudad se necesita una planificación adecuada que permita definir y establecer estrategias para lograr ciertos objetivos, los que deben responder –al menos en principio- a las demandas de la sociedad. Esto implica que TODA actividad del gobierno debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las personas, a facilitarle y no complicarle sus actividades diarias; y a generar un impacto positivo en sus vidas – llamado también “valor público”[2].

El enfoque orientado al ciudadano y ciudadana es parte del modelo de gestión pública conocido como Nueva Gestión Pública (NGP en adelante) que persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, orientada a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible. No sólo constituye un marco renovador que oxigena al Estado, sino que es una respuesta lógica frente a los peligros que existen para contar con una administración pública que no responde a las expectativas ciudadanas[3].

Entre otros componentes que la caracterizan, un enunciado clave de la Nueva Gestión Pública expresa: “Todo aquello que no sirve al ciudadano representa un derroche“[4]. Es decir, la administración no es un fin en sí misma y su única tarea es la de proporcionar los servicios a los que el ciudadano tiene derecho[5], directamente o creando las condiciones para que ello ocurra a través del sector privado. En este sentido, el enfoque orientado al ciudadano y ciudadana implica pensar la gestión pública y las políticas públicas centrándose en la persona, en el ciudadano o ciudadana que debe y necesita ser foco atención de toda la labor del gobierno.

¿Por qué es importante este enfoque?

La aplicación de este enfoque no viene a ser un mero recurso retórico. No debe ser visto tan sólo como discurso, sino que fundamentalmente tiene una parte práctica, percibida por la sociedad. En esto radica su importancia: no sólo para los beneficiarios de esta forma de hacer política sino también para quienes lo aplican. Este enfoque es importante para los ciudadanos y ciudadanas, tanto como para los gobernantes.

Para los ciudadanos y ciudadanas es importante pues pensar en ellos y ellas como único centro de atención implica orientar todas nuestras actividades en su beneficio. Supone, por lo tanto, generar resultados que impacten positivamente en su vida, brindándoles los servicios con los que, por derecho, debe contar. Para este primer grupo, este enfoque es importante porque plantea una relación efectiva entre “demanda y oferta” de los servicios públicos que satisface, facilita e impacta en la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Para los gobernantes es importante pues generar resultados concretos en la sociedad, realizados en función a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, se traduciría en niveles de satisfacción óptimos que permitan el logro de un clima de gobernabilidad adecuado para el buen gobierno de la ciudad. En este sentido, que los gobernantes apliquen este enfoque no sólo es importante por los efectos que genera para la sociedad, sino por los réditos políticos obtenidos producto de la satisfacción y apoyo que generan estos resultados concretos.

Pero…

Si bien el uso de este enfoque, desde los contenidos y efectos que produce, resulta muy importante para el gobierno de la ciudad, lo cierto es que en muchas actividades gubernamentales  se prescinde de la orientación al ciudadano y ciudadana.

Por poner un ejemplo, es en las grandes construcciones viales en las que se suele omitir este enfoque. La infraestructura se viene construyendo pensando en una ciudad para AUTOS, cuando no para los CIUDADANOS Y CIUDADANAS. ¿Hacia qué se orienta esta construcción?, ¿Para beneficio de qué se remodela pistas y avenidas?, ¿Cómo se planifica la construcción de alguna gran carretera?, ¿En qué se piensa? Son los AUTOS los que dominan la ciudad y, en consecuencia, las construcciones viales están pensadas en facilitarles su transito. Hasta aquí, se podría decir que no hay ningún problema: al fin y al cabo, los autos son conducidos por personas. Sin embargo, sí es un problema cuando dicha construcción afecta a los CIUDADANOS Y CIUDADANAS, complicándoles la vida.

Los puentes peatonales son muestra de esto. ¿Por qué hay tanta gente que fallece por cruzar pistas sin utilizar los puentes peatonales? ¿Acaso genera tantos costos subir, atravesar y bajar por los puentes peatonales? La verdad es que sí. Se decidió construir un paso aéreo en vez de uno a nivel del suelo, complicando la vida de las personas porque las obliga a un esfuerzo extra, esfuerzo que no deberían afrontar si se pensara en los ciudadanos y ciudadanos por sobre todas las cosas. ¿Por qué se construyen pasos aéreos para las personas? Para facilitar el paso de los AUTOS, para que no tengan que ceder el paso, sin duda; pero se obliga a los transeúntes a realizar actividades extras. Se prioriza al AUTO, pero se olvida de los CIUDADANOS y CUDADANAS.

La situación es más crítica cuando pensamos en las consecuencias que esto genera en las personas con discapacidad física o que tienen discapacidad visual. En algunos ejes viales de la ciudad, cruzar de un lugar a otro puede implicar recorrer varios cientos de metros de distancia. Si a esto le añadimos el hecho de que nuestra ciudad está llena de barreras arquitectónicas, es claro que la ciudad surge en desorden, contraria al bienestar, y el ciudadano es convertido en una pieza sin importancia dentro del espacio territorial. Por ello, es indispensable un proceso de planificación concertada en la ciudad de Lima, allí donde este se constituya en un instrumento útil para la gestión gubernamental de la ciudad, ya de por sí, caótica y con graves problemas de exclusión social. Lima como cualquier ciudad grande necesita un plan urgentemente.

Los ciudadanos y ciudadanas deben ser el motor y motivo de la gestión pública. Por ellos y ellas, para ellos y ellas se gobierna. No hay otra razón. Los gobernantes tienen el deber de gobernar para nosotros y nosotras, para eso y por eso se le ha dado ese poder. Ya es hora de que los gobernantes sean conscientes de ese enfoque y lo utilicen. Una ciudad para los CIUDADANOS Y CIUDADANAS, es lo que merecemos.

No todo es malo…

Entre octubre y noviembre del presente año han surgido algunas propuestas o se han realizado algunos anuncios que resultan significativos para los ciudadanos y ciudadanas:

Cuadro 1. Propuestas de Políticas

Propuestas/ Anuncios en GESTIÓN PÚBLICA

Autoridad Nacional en Transparencia y Acceso a Información Pública
Shock de Gerencia Pública
Modernización de la Gestión Pública
Funcionarios Inhabilitados por Corrupción

El 07 de noviembre, la Defensoría del Pueblo propuso, mediante proyecto de Ley, la creación de una Autoridad Nacional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública como respuesta a las trabas que atraviesa el cumplimiento de este derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana. Los datos señalan que son más de 5 mil las quejas que ha recibido dicha entidad, en las cuales se ha verificado el incumplimiento del plazo de entrega, el establecimiento de cobros arbitrarios e inclusive la negación injustificada al acceso a la información pública. Ante  esta situación, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, señala que la medida implica “crear un mecanismo eficiente que fortalece el sistema democrático y que beneficia directamente a la ciudadanía, facilitando el ejercicio efectivo de sus derechos”.[6] En esta idea se puede observar una política con enfoque de orientación al ciudadano que busca brindar facilidades de acceso a la información pública que le permita, entre otras cosas, vigilar y ser partícipe del gobierno.

En esta misma línea, un día antes, el Poder Ejecutivo, a través de la PCM señaló que se restablecerá, para conocimiento público, la lista de ex funcionarios impedidos de retornar a la administración de entidades estatales por haber sido sancionados por  corrupción. Como afirma Juan Jiménez Mayor: “esa información estuvo vigente hasta hace algunos años, pero fue sacada del escrutinio público sin razón alguna. Ahora hay un millón 400 mil funcionarios de los cuales varios estarían inhabilitados, pero no pueden ser detectados por falta de esa información”.[7] ¿Cuál es, entonces, la relación entre la corrupción y el servicio al ciudadano y ciudadana? Poniéndola en términos sencillos, la corrupción en los funcionarios públicos trata, básicamente, de la priorización de los intereses personales por sobre las demandas de la sociedad. Como hemos señalado, el motor y motivo de la gestión pública son los ciudadanos y ciudadanas, y la corrupción no hace sino limitar o afectar derechos fundamentales de los ciudadanos tanto patrimoniales como de acceso a servicios públicos básicos. Por esto, la iniciativa resulta muy importante. La corrupción es todo lo opuesto al enfoque orientado al ciudadano y ciudadana, por lo que luchar contra ella es absolutamente necesario.

Entre fines de octubre y comienzos del presente mes, el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, anunció un “shock en gerencia pública” que contempla la inversión de 500 millones de nuevos soles con el fin de implementar algunas medidas que mejoren la calidad de los servicios brindados por el Estado. La simplificación administrativa y la reforma de la carrera pública, por ejemplo, son algunas de estas medidas. El Ministro ha adelantado que se mejorarán los sueldos de la carrera pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que genera el Estado.[8] La idea de esta reforma es, básicamente, generar incentivos reales – no sólo monetarios también de estabilidad laboral- que vinculen efectivamente la labor de los funcionarios públicos con los ciudadanos y ciudadanas, ambos como su motor y motivo.

A fines del mes de octubre, se presentó virtualmente la propuesta de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, buscando los aportes de los distintos actores de la sociedad civil, con el fin de ir mejorando dicha iniciativa. Resulta interesante, para los propósitos de este artículo, resaltar el planteamiento de una orientación hacia el ciudadano y ciudadana como principio de esta política. Como bien es señalado por el documento: “La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos [y ciudadanas]. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente”.[9]

Recapitulando, podemos ver algunos ejemplos que hacen uso del enfoque orientado al ciudadano y ciudadana, todos centrados en mejorar la gestión pública a beneficio de ellos y ellas. Desde una política más general como la de Modernización de la Gestión Pública que busca agrupar todo, hasta la presentación de una lista de corrupción que permite a los ciudadanos y ciudadanas estar al tanto de los malos funcionarios públicos. La mejor aplicación de este enfoque es la gran tarea.


[1] Con la colaboración de Renzo Lima Baquerizo, miembro del Equipo de Políticas Públicas y Gestión Pública de PAR.

[2] Moore, Mark (1995). Creating Public Value. Strategic Management in Government. Boston: Harvard University Press.

[3] Alza, Carlos (2011). Documento de trabajo para el curso “Gestión Pública y Administración Judicial” de la Maestría en Derecho con Mención en Política Jurisdiccional.

[4] Schröder, Peter. “Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen gobierno”. En:  http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/1198/Schroeder_NGP__Texto_esp.pdf

(consulta 13 de noviembre de 2012)

[5]  Ídem.

[9] Secretaría de Gestión Pública (2012) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Pp. 10.

CURSO DE GESTIÓN EDUCATIVA. “Pensamiento Estratégico en el sector Público y Privado”

I.                    OBJETIVOS:

 Promover el conocimiento del enfoque estratégico de la Educación; distinguir  las acciones que deben realizarse en cada una de las funciones de la gestión educativa; comprometerse con la problemática educativa nacional y, estar en condiciones de articular los instrumentos de gestión estratégica para una educación pública y privada de calidad.

 

 II.                   TEMARIO:

MÓDULO N°1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDUCACIÓN

 a)      Función, Finalidad y Beneficios de la institución educativa de gestión estratégica

b)      Función Social de la Institución Educativa.

c)       Finalidad Económica de la Institución Educativa.

d)      Beneficios Tangibles de la Institución Educativa

e)      Gerencia Estratégica en Educación:

f)       Terminología de gerencia estratégica

g)      Modelo de gerencia estratégica

h)      Recursos Necesarios.

 

MÓDULO N°2:   FUNCIONES DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.1.        Planificación:

a)      Diagnóstico de la Educación Nacional.

b)      Planificación como proceso. Elementos.

c)       Niveles de Planificación.

2.2.             Organización:

a)      Organización de Funciones.

b)      Organización de subsistemas.

2.3.        Integración de personal:

a)      Proceso de Dotación de Personal

b)      Etapas de proceso de dotación de personal

2.4.             Dirección:

a)      Perfil y habilidades del director.

b)      Autoridad del director.

c)       Funciones indelegables del director.

2.5.             Control:

a)      Tipos de Control.

b)      Modelos de planeación y control.

c)       Supervisión, inspección, monitoreo y evaluación.

d)      Información y control computarizado.

  

MÓDULO N° 3:   INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN ESTRATÉGICA.

 a)      Acuerdo Nacional.

b)      Proyecto Educativo Nacional.

c)       Proyecto Educativo Regional.

d)      Proyecto Educativo Local.

e)      Proyecto Educativo Institucional.

f)       Reglamento Interno.

g)      Proyecto Curricular Institucional.

h)      Plan Anual de Trabajo.

i)        Proyecto de innovación.

j)        Proyecto de Mejoramiento Educativo.

k)      Proyecto de Tutoría.

 III.                 METODOLOGÍA:

La capacitación se realizará presencialmente de manera expositiva; la parte práctica será expuesta y sustentada por cada grupo. Así mismo, se motivará la participación analítica y crítica, tanto individual como grupal durante el desarrollo del taller.